Agendar las necesidades sociales
Por Heriberto Ramírez
Vivimos tiempos de elección, una temporada en la cual se toman decisiones que pueden resultar cruciales para distintos asuntos relacionados con la vida pública. En nuestro modelo democrático, rústico en muchos sentidos, se deciden por vía de los partidos políticos quién habrá de dirigir los destinos de una municipio o estado.
Cada ciudadano, a través de su voto, podrá elegir entre las distintas opciones que le ofrecen los distintos partidos. Podrá seleccionar quién considera que tiene las aptitudes deseables para administrar la vida económica, la seguridad, la justicia y muchos otros aspectos de gran relevancia para el buen funcionamiento de nuestras comunidades.
Se puede tomar esta decisión en función de una gran cantidad de criterios: la imagen, el género, la simpatía por el partido, por un interés personal vinculado a algún posible beneficio derivado de la elección, entre muchos otros. Sugerirle a quien vaya a votar por quién debe hacerlo sería violatorio a sus garantías individuales. La democracia supone, en principio, que cada votante tiene las facultades intelectuales para discernir cuál es la mejor opción.
Otro supuesto tácito de la democracia es que se ha instaurado para la búsqueda del mayor bien para el mayor número posible de personas. Ahora ¿cómo saber quién garantiza esta posibilidad? Toda candidata o candidato tiene una aspiración legítima a buscar la representatividad de su respectiva región o territorio. La pregunta es qué garantiza que realmente sepa cuáles son las necesidades o los problemas más apremiantes de esta comunidad que busca representar.
Quizá, en una pequeña comunidad sea suficiente el que una persona con aspiraciones representativas haya vivido dentro de ese círculo comunitario para impregnarse de la problemática y de sus necesidades. Es una posibilidad plausible. Pero, qué pasa cuando las dimensiones sociales rebasan las posibilidades de un contacto personalizado. Si las dimensiones geográficas o demográficas imposibilitan un contacto más directo, ¿cómo puede justificarse el que una persona diga que sabe o conoce las necesidades de quienes aspira a representar?
Un criterio puede radicar en analizar cuál ha sido su desempeño, en caso de haber desempeñado alguna encomienda o puesto público, por ejemplo, cómo se ha posicionado en relación con determinados asuntos, que van desde los problemas inmobiliarios, la vivienda, el trazo urbano, la política del agua, el manejo ambiental, la democratización del gasto público, por citar unos cuantos.
Lo que deseo señalar es que también de parte de la ciudadanía existe una obligación moral por informarse y analizar las distintas propuestas a la hora de emitir su voto. Sin afán de llegar a descalificar a ningún votante. Pero, en la medida en que seamos críticos podemos llevar la democracia a otros niveles y hacia otros sectores que demandan una mayor transparencia y participación ciudadana.
En esta época, por lo pronto, existen muchas herramientas en el campo de la investigación social que podrían permitirle a quienes aspiran a dirigir alguna institución pública profundizar con un alto nivel de objetividad cuáles son las necesidades comunitarias más apremiantes. E incluso, con la ayuda de estos mismos recursos, poder jerarquizar los problemas y sus posibles soluciones. Puede ser a través del contacto directo con cada uno de los miembros de la sociedad o a través de estudios bien diseñados y con una metodología bien sustentada.
Desde luego, habrá que hacer del conocimiento público el resultado de sus indagatorias y por medio de sus resultados buscar convencer al electorado. En la medida en que esta práctica quede bien establecida nuestra democracia irá adquiriendo la madurez y la transparencia que tanto necesitamos. Para ampliar su práctica hacia otros ámbitos, muchos de ellos impregnados de una opacidad ya legendaria.
Falta unos pocos meses en los que podremos ver qué tanto han avanzado nuestros procesos democráticos o, quizá, si han ido en reversa. De la afluencia a las urnas y las propuestas elegidas habremos de obtener una buena cantidad de inferencias, que confiamos sean esperanzadoras. Si no, habrá que asumir los riesgos propios de la vida democrática.