México.- La industria del vestido en México, uno de los sectores manufactureros más importantes del país y proveedor de cadenas nacionales e internacionales, opera con un modelo en que conviven la informalidad, subcontratación, “formalidad simulada” y una débil supervisión gubernamental impide que miles de trabajadoras accedan plenamente a sus derechos laborales.
El informe “Hilando el cambio. Hacia un trabajo justo en la industria maquila-textil en México”, elaborado por organizaciones de la sociedad civil como Oxfam, Fundación Avina y Ethos, Innovación en políticas públicas con financiamiento de la Unión Europea, sostiene que los derechos laborales de quienes trabajan en este sector existen más en el papel que en la práctica.
El documento señala que la industria de la indumentaria emplea a más de 1.15 millones de personas en México y constituye un sector estratégico tanto por su peso manufacturero como por su integración en las cadenas globales de suministro. Sin embargo, detrás de esa relevancia económica persisten bajos salarios, inestabilidad laboral, jornadas intensivas y diversas formas de violencia laboral.
Informalidad como regla
Uno de los principales hallazgos del estudio es el elevado nivel de informalidad.
De acuerdo con el análisis, 81.6% de los establecimientos de la industria de la indumentaria son informales, una proporción considerablemente superior al promedio nacional de 64.3%. Esta situación se agrava en los talleres pequeños y en el trabajo realizado desde los hogares, donde es frecuente la ausencia de contratos, seguridad social y prestaciones.
Incluso en las empresas consideradas formales persisten prácticas como el subregistro salarial, contratos temporales, alta rotación y esquemas que limitan el acceso efectivo a derechos laborales, por lo que el estudio habla de una “formalidad simulada”.
Mujeres enfrentan doble carga
El informe sostiene que las mujeres concentran las mayores afectaciones dentro de la industria.
Además de enfrentar discriminación por embarazo, hostigamiento y acoso laboral, deben asumir una doble o incluso triple jornada al combinar el empleo remunerado con las labores domésticas y de cuidados, debido a la insuficiencia de servicios públicos para la atención infantil y de personas dependientes.
Las investigadoras advierten que esta situación limita la permanencia laboral, reduce sus ingresos y profundiza las desigualdades de género.
Competencia internacional presiona salarios
El estudio explica que la industria mexicana enfrenta una creciente competencia de países asiáticos como Bangladesh y Vietnam, lo que ha impulsado un modelo centrado en reducir costos laborales para conservar su participación en las cadenas globales de valor.
Como consecuencia, entre 2014 y 2024 la Inversión Extranjera Directa en el sector cayó 44.6%, mientras que la producción depende en gran medida de la maquila y de la exportación hacia Estados Unidos, destino de casi nueve de cada diez exportaciones mexicanas de textiles y prendas de vestir.
Piden reforzar inspecciones
Frente a este panorama, el estudio plantea diversas recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Secretaría de las Mujeres.
Entre ellas destacan fortalecer las inspecciones laborales con perspectiva de género, combatir la subcontratación simulada, ampliar el acceso a seguridad social y servicios de cuidado, garantizar mecanismos efectivos de denuncia y promover formas de representación laboral más sólidas para las trabajadoras.
Los autores concluyen que el problema no radica únicamente en la existencia de leyes, sino en la escasa capacidad institucional para hacerlas cumplir, lo que permite que buena parte de la industria continúe operando bajo esquemas que mantienen la precariedad como parte del modelo de negocio.
Información de La Silla Rota.
