La Paradoja/Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- Esta mañana, Ramón Galindo y Gustavo Elizondo, del PAN, presentaron una denuncia penal contra el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar por los delitos de presunto peculado y uso indebido de facultades, por la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas, ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
De acuerdo con lo expuesto por los denunciantes, el monto del presunto peculado asciende a más de 100 millones de pesos.
”El motivo que nos trajo acá es porque el monto de peculado asciende a más de 100 MDP. Vamos a demostrarles, primero mostrarles a ustedes y posteriormente con lo que mostremos en Fiscalía, que lo que estamos señalando tiene sustento”, señalaron.
Según el documento presentado, que se exhibió durante la denuncia, el Municipio de Juárez celebró un contrato por 29 meses para el barrido mecánico de vialidades, del 05 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024.
El servicio debía prestarse mediante ocho máquinas barredoras, por un monto total adjudicado de $105,600,000.00:
• 2022: $33,600,000.00 por 8 meses
• 2023: $36,000,000.00 por 12 meses
• 2024: $36,000,000.00 por 8 meses
Los denunciantes argumentan que por año y medio de servicio se pagaron alrededor de 13.5 millones de pesos por barredora, lo que equivale a unos 750 mil dólares por unidad rentada, cuando el costo de compra de cada barredora no excede los 50 mil dólares.
“Se pudieron haber comprado no menos de trece barredoras. En este caso, tan solo por la renta y el servicio de limpieza se pagó la cantidad de 13.5 MDP por barredora”, afirmaron.
En el escrito de la denuncia, cuya carátula es “DENUNCIA PENAL POR LA CONTRATACIÓN EN ARRENDAMIENTO LEGAL DE OCHO BARREDORAS MECÁNICAS”, exponen los siguientes puntos:
1. No se cuenta con un estudio, legalmente obligatorio, que permitiera evaluar la conveniencia económica de realizar el contrato.
2. Los tiempos del proceso licitatorio fueron recortados y sólo participó una empresa, a la cual se le adjudicó, por lo que califican como un contrato “tendencioso, amañado y dirigido”.
3. La empresa contratada, PYPRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL, no tenía capacidad jurídica, ya que al momento de la licitación su objeto social era fabricar, distribuir y comercializar productos eléctricos, electrónicos y computacionales, nada relativo a aseo urbano mecanizado.
4. Por su denominación de S de RL MI, es una microindustria con tope de facturación anual de 4 millones de pesos, cifra muy inferior a los 36 millones anuales del contrato.
5. No se encontró evidencia de que la empresa tuviera registrados en el padrón vehicular los ocho vehículos con los que se comprometió a prestar el servicio.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y los denunciantes aseguraron que presentarán la documentación que sustenta los señalamientos.
