“La justicia no consiste en ser neutral entre el bien y el mal, sino en encontrar el bien y sostenerlo dondequiera que se encuentre, contra el mal”
(Theodore Roosevelt)
Por FERMAN
La celebración de una Copa Mundial de Fútbol representa uno de los acontecimientos más importantes del planeta. Miles de millones de personas observan cada partido, las economías nacionales se movilizan y los gobiernos buscan proyectar una imagen de prosperidad, estabilidad y desarrollo. Sin embargo, detrás de la grandeza deportiva y del entusiasmo colectivo, existe una realidad que con frecuencia permanece oculta: las violaciones a los derechos humanos que pueden producirse antes, durante y después de estos eventos internacionales. De ahí que, ningún espectáculo deportivo, por exitoso que sea, puede justificar la vulneración de la dignidad humana.
El deporte debe ser un instrumento de fraternidad entre los pueblos y no un mecanismo que permita a los Estados encubrir abusos, explotación laboral, restricciones arbitrarias de libertades o discriminación sistemática. En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 1, a la letra señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, esto es, la dignidad humana constituye el fundamento de todo orden jurídico legítimo, de ahí que, ninguna política pública, proyecto económico o evento deportivo puede colocarse por encima de dicho principio.
Asimismo, el artículo 23 de la propia Declaración Universal, a la letra señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Esto es, los trabajadores que participan en la construcción de estadios, infraestructura vial, hoteles y demás obras relacionadas con un mundial deben recibir condiciones laborales compatibles con la dignidad humana. No obstante que el discurso oficial suele exaltar los beneficios económicos de estos eventos, la experiencia internacional demuestra que diversos mundiales y competencias deportivas han estado rodeados de denuncias relacionadas con explotación laboral, desplazamientos forzados de comunidades, restricciones a la libertad de expresión, persecución de periodistas e incluso afectaciones al derecho de asociación como así está aconteciendo en la Ciudad de México.
Recordemos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone a los Estados el deber de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción y por supuesto, dicho deber no desaparece por la organización de una justa deportiva, por el contrario, se intensifica debido a la enorme atención internacional que reciben estos eventos. Aun y cuando algunos gobiernos argumentan que determinadas medidas de seguridad son necesarias para garantizar el éxito de la competencia, ello no significa que puedan instaurarse mecanismos de vigilancia excesiva, limitar arbitrariamente la libertad de tránsito o restringir la manifestación pacífica de ideas.
En este tenor, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, a la letra señala: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, es por ello que, la celebración de un mundial no debe convertirse en pretexto para censurar opiniones críticas ni para perseguir a quienes cuestionen las decisiones gubernamentales, como así trata de justificar su proceder la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al denostar las manifestaciones que se están presentando en la Ciudad de México. Desde una perspectiva jusnaturalista, la cuestión resulta aún más profunda pues el Derecho Natural enseña que la dignidad humana no deriva de una concesión estatal.
No es el gobierno quien otorga valor a la persona, es el ser humano quien posee dignidad por su propia naturaleza racional y trascendente, por lo que el Estado únicamente debe reconocerla. En consecuencia, cuando un Estado utiliza el prestigio internacional de un evento deportivo para ocultar abusos o violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, incurre en una contradicción moral de enormes proporciones. Es por ello que los gobiernos deben asumir una política de debida diligencia reforzada, por lo que no basta con cumplir formalmente requisitos administrativos o presentar informes favorables ante organismos internacionales, se requiere garantizar condiciones laborales dignas, proteger la libertad de prensa, prevenir actos de discriminación, combatir la trata de personas y asegurar que las medidas de seguridad respeten el principio de proporcionalidad.
Asimismo, las organizaciones deportivas internacionales, en este caso como la FIFA, tienen una responsabilidad ineludible, por lo que, resulta insuficiente promover campañas publicitarias sobre inclusión y respeto si simultáneamente se toleran contextos donde existen abusos documentados contra trabajadores, periodistas o grupos vulnerables. La legitimidad moral del deporte exige coherencia entre el discurso y la realidad. Si bien el fútbol posee una extraordinaria capacidad para unir culturas, generar identidad colectiva y fomentar valores de convivencia pacífica, también puede convertirse en un instrumento de propaganda política cuando los gobiernos priorizan la imagen internacional sobre la protección efectiva de las personas.
Lo anterior es lo que obliga a replantearse la manera en que se organizan los grandes eventos deportivos mundiales, pues el éxito de una Copa del Mundo no debe medirse únicamente por la cantidad de espectadores, la derrama económica o la espectacularidad de sus estadios, sino que debe evaluarse también por el respeto irrestricto a los derechos humanos de quienes participan directa e indirectamente en su realización. En consecuencia, los Estados democráticos tienen el deber de comprender que la protección de los derechos humanos no constituye un obstáculo para el desarrollo ni para la organización de competencias internacionales, por el contrario, representa la condición indispensable para que dichas celebraciones reflejen auténticamente los valores universales de justicia, igualdad y dignidad. La historia demuestra que cuando el poder político pretende sustituir los principios permanentes de la naturaleza humana por intereses coyunturales, termina debilitando las bases mismas de la convivencia social.
Ninguna medalla, ningún campeonato y ningún espectáculo multitudinario justifican el sacrificio de la persona humana en el altar de la rentabilidad económica o de la imagen gubernamental. La verdadera grandeza de una nación anfitriona no radica en la magnificencia de sus estadios, sino en su capacidad para garantizar que cada ser humano sea tratado conforme a la dignidad que le corresponde por naturaleza, respetando en todo momento su vida, su libertad y proporcionándole seguridad, tanto física como jurídica. Por eso, en este mundial 2026, debemos estar muy alertas y no permitir atropellos a la dignidad humana, alzando la voz en el momento en que se advierta una violación a los derechos humanos de las personas.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.
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