“No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”
(Aristóteles)
Por FerMan
El tema de las Desapariciones Forzadas de personas sigue dando de que hablar, lamentablemente ha colocado al Estado Mexicano en el núcleo de la comunidad internacional, lo anterior debido a los señalamientos realizados por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien sin titubeo alguno, ha señalado que en México se cometen Desapariciones Forzadas de manera generalizada y sistemática, lo que significa que, aun y cuando dichas Desapariciones sean cometidas por el Crimen Organizado o por Particulares, el Estado Mexicano tiene responsabilidad por falta de debida diligencia, entendida esta como la “Actividad de prevención razonable y de tratamiento adecuado que un Estado debe procurar en todos los casos y situaciones que supongan un riesgo o daño para los Derechos Humanos de las personas, tanto si las mismas son generadas por actos de agentes del Estado, como de particulares”.
Lo anterior es lo que no se ha entendido por parte de las autoridades federales, llámese presidencia de la República, del Senado e inclusive, ahora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes han manifestado su desacuerdo en lo manifestado por el Comité contra la Desaparición Forzada. En este contexto, en materia de derechos humanos, cuando suceden violaciones graves a los derechos humanos, es el Estado quien tiene la responsabilidad directa y objetiva de tales violaciones, tal y como lo establece el artículo 109 de nuestra Constitución Federal que a la letra señala:
“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”, es por ello que, los Organismos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, como el CED y así mismo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando emiten una resolución o sentencia, la emite en contra del Estado Mexicano, y no de la persona o personas en particular que cometieron la violación a los derechos humanos, y lo anterior es debido a que, el Estado, “a través de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Esto lo expresa claramente el párrafo tercero del artículo primero de nuestra Carta Magna. Es por ello que el Estado Mexicano, reconózcanlo o no las autoridades federales, es responsable por todas las violaciones graves de derechos humanos que se cometen dentro de su jurisdicción territorial, siendo las Desapariciones Forzadas de Personas, una de ellas, pues además de considerarse una violación grave de derechos humanos constituye un delito pluriofensivo. Ahora bien, resulta por demás extraño que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Mtra. Rosario Piedra Ibarra, realice manifestaciones contrarias a los estándares internacionales de promoción y protección de los derechos humanos al criticar los señalamiento realizados por el Comité contra la Desaparición Forzada, además de que fue ella, cuando en el año 2019, al asumir la titularidad de la CNDH, se pronunció para que México reconociera la competencia internacional del CED, asegurando en ese entonces que, la corrupción, la impunidad y la violencia, entre otras cosas, habían recrudecido las desapariciones, en específico señaló que:
“La CNDH se ha pronunciado reiteradamente en la necesidad de que en México se reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, a efecto de que se encuentre en posibilidad de recibir y atender las peticiones individuales presentadas por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como por todo aquel que tenga un interés legítimo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas”; lo anterior lo declaró en el marco del Informe de Actividades 2022, respecto al Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas de años anteriores.
De hecho, gracias a su gestión, el 2 de octubre de 2020, con bombo y platillo la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el comunicado 292, anunciaba que México había reconocido la competencia de dicho Comité, quien un año después, del 15 al 17 de noviembre de 2021, realizó su primer visita oficial in loco a México, visitando varios Estados mexicanos, entre ellos Chihuahua. Pero después del sexenio de López Obrador y ahora con el de Claudia Sheinbaum, al aumentar las desapariciones de personas, es de extrañar que se oponga a lo que años atrás estaba de acuerdo, lo cual, por desgracia, advierte con claridad que ha ideologizado su mandato en la CNDH, defendiendo intereses de MORENA y sus aliados, olvidando a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos en México, sólo para quedar bien con quienes ahora ostentan el poder federal.
Por esto, no es de extrañar que líderes de varias Organizaciones de la Sociedad Civil estén solicitando su destitución como titular de la CNDH, pues no representa a las víctimas, sino al gobierno, lo cual sin duda alguna, contradice su mandato y debería reflexionar sobre sus determinaciones y como mínimo, solicitar su renuncia por la mala actuación e incongruencia de su proceder mientras ha estado dirigiendo dicho Garante Nacional Derecho Humanista.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.