La Paradoja/Ana Juárez Fotos: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Chihuahua.- El 28 de diciembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el Caso García Andrade y Otros contra México, 22 años después del hallazgo sin vida, de la joven Lilia Alejandra García Andrade, en Ciudad Juárez, Chihuahua; caso feminicida que busca sentar evidencia sobre Estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación.

Lilia Alejandra García Andrade desapareció el 14 de febrero de 2001, a la salida de su trabajo en Ciudad Juárez. Tenía 17 años al momento de su desaparición. Ella había vivido con Ricardo Barreto Aranda durante aproximadamente un año, con quien tuvo dos hijos. Posterior a su separación con vivió con su mamá, Norma Esther Andrade.

Una semana después, el 21 de febrero de 2001, de la joven García Andrade fue localizada sin vida en un terreno baldío ubicado entre la Avenida Tecnológico y la Avenida Ejército Nacional en la Ciudad de Juárez, quedando las investigaciones en un primer momento bajo el delito de homicidio y violación.

Transcurrido un mes del hallazgo, el 6 de marzo de 2001, el dictamen de criminalística de campo, las evidencias en el cadáver y la serie fotográfica realizada el Ministerio Público, concluyó la joven tuvo una muerte violenta por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual.

A partir de ese momento, la ficha de la CIDH indica que las líneas de investigación, se concentraron en exámenes del cuerpo de la víctima y el perfil genético de semen encontrado en otros casos similares.

En 2010, -nueve años después- la Fiscalía General del Estado encontró una coincidencia entre el agresor de Lilia Alejandra y el perfil del agresor de cuatro mujeres más, y se acordó llevar a cabo una investigación en relación con el nuevo hallazgo de perfil genético en común. Confirmando el 8 de junio que el agresor de los casos mencionados sería un familiar masculino de un agente del Ministerio Público.

El caso permaneció así hasta el 2017, cuando la Fiscalía solicitó al FBI información sobre uno de los integrantes de la familia de dicho agente, lo cual fue desestimado por las autoridades dado que no reunía los requisitos legales mínimos. Luego en 2018 el Estado mexicano alegó estar analizando el expediente de Lilia Alejandra desde una óptica renovada, sin reportar avances.

Por lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a los derechos de la niñez y a la igualdad ante la ausencia de medidas para prevenir de manera efectiva las torturas y violencia sexual.

El 14 de mayo de 2024, la Corte notificó el caso, el 14 de octubre de ese mismo año, recibió la contestación del Estado, el 19 de febrero de 2025, se informó la resolución de convocatoria a audiencia y este lunes 26 de marzo,  en San José, Costa Rica.

Norma Andrade, una de las primeras madres buscadoras en México

“Yo creo que el que nos hayan escuchado, porque no escucharon nada más a Norma, escucharon a Ramona Morales, Silvia Arce, Carmen Volante, Martha Alicia Rincón, porque todas somos madres y todas buscamos justicia o a nuestra hija desaparecida, -entonces-, que nos hayan podido escuchar y ver el compromiso de los jueces para con nosotras, -se escucha mal decirlo- pero es un orgullo”, respondió en entrevista nacional, Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra y fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Lo anterior, tras salir de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acompañada por sus nietos, Andrade destacó que los jueces cuestionaron al Estado mexicano, “confiaron en nuestra palabra, es algo que no se puede describir. Mis nietos han crecido con eso, conmigo en marchas, en mitines, huelgas y reuniones de trabajo. A lo mejor desconocían los detalles más serios de cómo habían asesinado a su madre, pero ya los habíamos preparado antes”.

Al momento, Norma Andrade en el camino en búsqueda de justicia por su hijo y acompañamiento a otras madres buscadoras, tiene 32 amenazas en su contra, ha sido víctima de 2 ataques, uno en el que recibió 5 disparos en Ciudad Juárez y el segundo, a puñaladas en Ciudad de México.

Es considerada una de las primeras madres buscadoras del país, en 2001 junto con Marisela Ortiz (maestra de Lilia Alejandra) emprendió una serie de protestas y denuncia pública, que tuvieron eco en la sociedad, movimiento que han descrito en diversas ocasiones ha convertido en fuerza el dolor, para enfrentar además del asesinato de sus hijas, a “la ineptitud, la intransigencia, al encubrimiento, a la corrupción, a la más indiferente actitud de funcionarios y autoridades”.

Efectos de sentencia no sólo son para Lilia Alejandra, sino niños y niñas en orfandad por el asesinato de sus madres en México

Durante esta audiencia, la señora ha sido acompañada por el Grupo de Acción de los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., quienes detallaron que el proceso de la CIDH es largo, y aunque el feminicidio ocurrió hace 24 años, desde el 2003, el Sistema Interamericano tiene conocimiento del mismo, debido a que se espera agotar la debida diligencia del Estado Mexicano, lo cual, al no ocurrir, admite y lleva a audiencia.

“Tenemos hasta finales del mes de abril, para enviar por escrito los alegatos finales, la conclusión de todo el proceso, y de ahí la Corte entrará en deliberación y en algunos meses, esperamos tener una sentencia sí condenatoria contra el Estado mexicano a finales de este año”, informó la directora, Karla Micheel Salas.

Salas aseveró que la posición del Estado mexicano ante la CIDH fue lamentable, pero que la audiencia fue muy “simbólica” para las madres de mujeres desaparecidas o asesinadas que no han podido llegar a la CIDH, y que lo relevante del Sistema Interamericano, son las medidas que se dictan no sólo al caso, sino que brinda “garantías de no repetición”, es decir, que obligará al Estado mexicano a generar política pública que impacta otros casos.

“La lucha de Norma no es sólo por su hija, sino para que se obligue a brindarle protección a las niñas y niños en orfandad, producto de feminicidio de su madre; para que se obligue a reforzar los mecanismos en materia de desaparición e investigación de feminicidios; hemos tenido experiencia con otras luchas de data larga, que con este estire y afloje, ha habido avances importantes”, añadió.

Karla Salas insistió que, con este tipo de acciones, se ha logrado colocar el feminicidio como centro de política pública, en asunto de gobierno y ahora son un eje fundamental, que los casos se tienen que atender. “Hay un cambio, no el que necesitamos, no el suficiente, pero hay un cambio”.

Costa Rica epicentro de denuncia también para otras familias chihuahuenses

Personal de Normatividad de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua atiende la audiencia pública que se lleva a cabo en San José, Costa Rica, confirmó el secretario Santiago de la Peña.

«Lo que te podría decir que el Gobierno del Estado toma esto con toda seriedad, mandamos a uno de los mejores equipos jurídicos, para darle toda la seriedad no sólo a las respuestas sino a la argumentación de Gobierno del Estado, y esperar el resultado de la audiencia para saber, que estamos en pleno cumplimiento y cómo estará resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos», comentó.

Cabe señalar que este 27 de marzo, también se lleva a cabo la supervisión del cumplimiento de la sentencia en el caso Alvarado Espinoza en México, en la que la Corte determinó que Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado del estado de Chihuahua. fueron desaparecidas forzadamente por el Ejército, lo que ha ocasionado a la familia amenazas, desplazamiento forzado y graves afectaciones a su integridad.

Las medidas a revisar son la búsqueda de las víctimas, sanción a los responsables, tratamiento psicológico para las familias, el acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, la Inclusión de las familias en programas de apoyo para sus proyectos de vida, las garantías de retorno o reubicación para las familias desplazadas, las medidas para garantizar la seguridad e integridad de las familias, el fortalecimiento del registro de personas desaparecidas y la capacitación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y la policía.