Reportaje de Alan Martínez
Chihuahua, Chih.- De acuerdo al Código Penal Federal, es inimputable quien, en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, a causa de enfermedad mental o de grave perturbación de la conciencia.
No obstante, la fracción VII del artículo 15 del mismo Código expresa: “El delito se excluye cuando: Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o fuera previsible…”.
Una gran parte de las personas consideradas actualmente “inimputables” por el Poder Judicial han perdido progresivamente la razón debido al consumo de drogas como el cristal o la heroína, no por condiciones hereditarias o congénitas. Esta situación, cuya raíz es el narcotráfico, es responsabilidad directa del Estado, el cual sigue sin ofrecer soluciones efectivas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Fascículo 3 “Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios”, diferencia los tipos de inimputabilidad en tres categorías: discapacidad general, discapacidad psicosocial, y personas con hábito o necesidad de consumir estupefacientes. La CNDH subraya la obligación del Estado de garantizar condiciones adecuadas para estas poblaciones, algo que en la práctica no se cumple.
En Chihuahua capital, aproximadamente el 70% de las llamadas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) son denuncias por violencia familiar. En la mayoría de los casos, el consumo de drogas está directamente relacionado. Datos del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) revelan que en 2023 la impunidad en casos de violencia familiar alcanzó un 95.1%, cifra alarmante considerando que en 2017 era de apenas 8.6%.
La fracción VII del artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua señala que la inimputabilidad exime de responsabilidad penal cuando el sujeto no puede comprender el carácter ilícito del hecho debido a un trastorno mental, a menos que haya provocado su condición de manera voluntaria. Sin embargo, la aplicación de medidas de tratamiento previstas en el artículo 59 es limitada, ya que no existen centros estatales especializados en la atención de inimputables dentro de los centros penitenciarios.
El Hospital de Salud Mental (HOSAME), uno de los pocos espacios para este tipo de casos, enfrenta una constante saturación. Esta situación obliga a otorgar estancias mínimas, en ocasiones menores a un mes, a pacientes que suelen reincidir en el consumo de drogas y comportamientos delictivos una vez dados de alta.
Un caso que ejemplifica esta problemática es el fallecimiento de un hombre en estado de intoxicación en la comandancia sur en meses pasados. Aunque el deceso ocurrió por una caída al intentar escapar, el hecho expuso un hueco en los protocolos de actuación policial. El titular de la DSPM, Julio César Salas González, reconoció en aquel entonces la necesidad de revisar los códigos de atención a personas en estado de intoxicación para evitar situaciones similares.
En el mes de noviembre, también un adulto mayor fue atacado con una roca dirigida a su rostro por un sujeto en estado de intoxicación. Vecinos mencionaron que el agresor era un adicto de la zona.
El hecho ocurrió a las 10:10 horas del martes 5 de noviembre, cuando se reportó al número de emergencia que en la calle Del Trigal y Quinta de la colonia los Girasoles IV Etapa se encontraba una persona lesionada. Al llegar la unidad, observaron a un hombre, quien presentaba sangrado abundante en la cara y la falta de una pieza dental, el cual se identificó como Cesario P. M., el cual se encontraba desorientado por el golpe.
El abuelito afortunadamente fue atendido en un hospital y lograron darlo de alta.
La compleja realidad de los protocolos
Los protocolos actuales obligan a los agentes a detener a los agresores en casos de violencia familiar y trasladarlos para una revisión médica antes de ser puestos a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, en la práctica, algunos agentes optan por ahuyentar a los agresores en lugar de detenerlos, anticipando una pronta liberación y buscando evitar complicaciones durante el traslado.
“La persona tiene que llegar sí o sí a cualquier comandancia para una revisión médica. Eso marca el protocolo. Si nos saltamos esa parte, se deja una brecha muy grande al mal actuar del compañero. El médico hace una inspección, te da un certificado y este hace que la Fiscalía pueda recibir al sujeto”, explicó Salas González. Este sistema, sin embargo, se enfrenta a serias limitaciones estructurales, como la saturación de hospitales y la falta de centros especializados para inimputables.
Antecedentes alarmantes
En 2022, el HOSAME reportó un incremento del 60% en pacientes respecto a años anteriores. Además, según el Departamento de Trabajo Social de la DSPM, diariamente se canalizan detenidos al hospital debido a problemas de adicción. Este contexto ha generado conflictos como la manifestación de 140 trabajadores del HOSAME en abril de 2023, exigiendo la reubicación de pacientes inimputables violentos o la creación de un ala especializada.
En uno de los casos más graves, Gerardo P.G., un joven de 19 años, fue encontrado sin vida en el HOSAME en 2022. Aunque la necropsia determinó asfixia mecánica por estrangulamiento, el principal sospechoso, su compañero de celda, fue tratado como inimputable.
La falta de infraestructura y protocolos adecuados perpetúa un ciclo de violencia y abandono institucional que afecta tanto a los agresores inimputables como a las víctimas de sus actos.
Por otro lado, es sabido que una gran cantidad de centros de rehabilitación -quizá la mayoría- operan sin protocolos adecuados, con malos tratos a los internos y con altos costos de internamiento para familias que, en muchas ocasiones, no cuentan con los recursos suficientes. Además, en algunos de estos centros se han presentado casos de abuso sexual, tráfico de drogas y posesión de armas.
Justo el presente domingo 22 de diciembre, agentes de la Fiscalía realizaron un cateo en un centro de rehabilitación, dando seguimiento a un homicidio cometido en octubre. En el acto, detuvieron a un sujeto y aseguraron droga y un arma. Esto en las calles Casimiro Arzate y la avenida Heroico Colegio Militar, en la colonia Quintas Carolinas.
Reformar la Ley de Salud y el Código Penal del Estado -o las necesarias-, y destinar recursos a la creación de espacios especializados, es determinante para atender esta problemática. Además, garantizar la capacitación adecuada de los agentes de seguridad y el personal médico contribuiría a mitigar los riesgos inherentes a este sistema que sigue sumando casos de impunidad año con año.
Un servidor ha sido testigo de lo mucho que pueden afectar las drogas al núcleo familiar y las situaciones sumamente adversas que pueden emanar de ello, así como de la indolencia del gobierno y la poca empatía con los casos de violencia familiar en donde los agresores son personas con problemas de adicción que les ha provocado un daño mental, y cuya familia es de escasos recursos.
En lo personal…
Hace tres años encabecé un proceso judicial en contra de mi propio tío por los constantes maltratos físicos y verbales, amenazas de muerte, robo, vandalismo y más daños en contra de mis abuelos, sus propios padres. Él, como la mayoría de violentadores en los hogares de México, comenzó con el consumo de drogas a una muy temprana edad, desde los 15 años.
Yo, que he vivido casi toda la vida con mis abuelos, tuve que sofocar mi miedo en algún lugar para empezar a defenderlos como un hombre, aunque solo fuera un niño. Desde muy temprana edad, quizá desde mis quince años siempre me enfrenté a él, un sujeto nueve años mayor que yo, con más fuerza y más alto, a golpes a fin de defender a mis abuelos.
Hoy, con 34 años de edad, es considerado un inimputable, no reconoce su propia identidad y continúa siendo una persona altamente agresiva que ya no representa un riesgo únicamente para sus propios padres, sino para la sociedad en general. Después de que fue absuelto por las autoridades, regresó a la casa de mis abuelos (no porque ellos lo quisieran así, sino porque los obligaron al ser él su responsabilidad por su condición) donde siguió con su consumo de cristal y heroína y continúo agrediéndolos.
Posteriormente, conseguí su traslado al Hosame, sin embargo, con los antecedentes que previamente mencioné respecto a dicho centro, fue dado de alta tras un ínfimo internamiento de un par de semanas, además, fue trasladado al domicilio sin previo aviso a ninguno de los familiares, abandonado por una ambulancia en plena calle. Cuando mi abuela regresó a casa, él estaba desorientado, sentado en la banqueta, esperando a alguien.
Lo anterior, claramente fue una grave omisión y negligencia, la cual fue notificada al secretario de Salud, Gilberto Baeza, quien, junto al equipo de Atención a las Adicciones, se encargó de atender la situación.
Durante años, las autoridades culparon a sus padres, mis abuelos, de la situación, a tal grado de que en varias ocasiones las unidades de la Policía Municipal ya no atendían ni siquiera los llamados de auxilio, o, en peores casos, llegaban solo para ahuyentarlo del lugar (para que regresara 5 minutos después más violento), regañar a mis abuelos y criminalizarlos, o burlarse de la situación. No sería hasta que entré a trabajar en la prensa que la situación cambió aunque sea mínimamente con la atención oportuna y el apoyo del director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González, a quien agradezco.
Mi abuela, una adulta de 65 años con una discapacidad, y mi abuelo, un señor de 67 años que trabaja en la jardinería, viven hoy su vejez, como muchos más que ni siquiera tienen voz, con muy poca dignidad y tranquilidad por todo lo antes expuesto.
La atención a personas inimputables debe ser una prioridad estatal que combine intervenciones en salud mental, combate al narcotráfico y un enfoque preventivo y reactivo en la violencia familiar. Sin una acción concreta y coordinada, el problema continuará agravándose, dejando a las víctimas atrapadas en un sistema que, lejos de protegerlos, los ignora y criminaliza.