CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

“Es fácil ser comunista en un país libre. Lo difícil es ser libre en un país comunista” (Agustín Etchebarne)
Por FerMan

La reciente reforma conocida como Supremacía Constitucional, además de acercarnos aún más a un gobierno autoritario y tiránico, violenta los derechos humanos, atenta contra los principios democráticos y vulnera el estado de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto a través de la Opinión Consultiva OC-28/21 del 7 de junio de 2021, en donde determinó, en lo esencial que: “existe una interdependencia fundamental entre la democracia, estado de derecho y la protección de los derechos humanos, lo cual es la base de todo el sistema interamericano”.

Incluso señaló que, “si bien las democracias implican que los gobernantes sean electos por la mayoría, uno de los objetivos principales de la misma debe ser el respeto de los derechos de las minorías, lo cual se garantiza mediante la protección del Estado de Derecho y de los derechos humanos”. Esto sin duda alguna, contradice la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando, al defender las perversas reformas que Morena y sus aliados han realizado a la Constitución Política de México, ha indicado que la mayoría de los mexicanos, al haber votado por la 4T y sus satélites, les autorizaron realizar dichas reformas.

Por supuesto que este es un argumento falaz y totalmente erróneo, porque en principio la mayoría de los mexicanos no votamos por Morena y sus aliados, pues en las elecciones pasadas, conforme a los datos generados por el INE, del total del padrón electoral, mismo que se encuentra conformado por 98,468,994, solo votaron 60,115,184 ciudadanos, lo cual representa el 61.0468%, y de este porcentaje sólo 35,924,519 votaron por ellos, lo que indica que 62,544,475 compatriotas no sufragamos por Morena ni sus aliados y no estamos de acuerdo con sus pérfidas reformas, por lo que, al señalar que la mayoría de los mexicanos votó por Morena y sus aliados, dicho argumento carece de veracidad.

Ahora bien, aún y cuando la gran mayoría haya votado por Morena y sus aliados, este hecho, por sí mismo, no les autoriza, como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a incumplir con el Estado de Derecho, al cual, toda persona, física o moral, toda institución pública o privada, así como las propias autoridades municipales, estatales y federales, están sometidas al imperio de la ley y por ende obligados a respetarlo. Y en consecuencia, mucho menos, se les autoriza violentar derechos humanos de las minorías, como en este caso lo son, en principio los trabajadores del Poder Judicial Federal y en segundo término, todos los mexicanos, a quienes nos han despojado del derecho humano a un recurso efectivo como lo es el juicio de amparo, o bien las acciones de inconstitucionalidad o en su caso, las controversias constitucionales, pues dichos recursos han sido ilegalmente desposeídos de su efectividad, como así lo establece la reforma conocida como Supremacía Constitucional, misma que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, al respecto, no se puede omitir señalar que, el Tribunal Interamericano ya mencionado, ha establecido que “la identificación de la soberanía popular con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático, el cual se justifica realmente en el respeto de las minorías y la institucionalización del ejercicio del poder político, el cual está sujeto a límites jurídicos y sometido a un conjunto de controles, es así que, el proceso democrático requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías, por lo cual las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentren ejerciendo el poder político”, tal y como, de manera ilegal, ya lo ha hecho Morena y sus aliados.

Aunado a lo anterior, tampoco podemos omitir señalar que, tanto la presidenta Sheinbaum, como los integrantes del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados que han aprobado dichas reformas, se encuentran en desacato y, en consecuencia, los tribunales deben certificar lo conducente a efecto de que se proceda a su inmediata destitución por incumplir órdenes emanadas de autoridades legalmente constituidas, en ejercicio y con motivo de sus funciones. Sin duda alguna, nos encontramos ante una crisis constitucional, donde se advierte una lucha entre los poderes de la República Mexicana, donde el Poder Ejecutivo federal, en contubernio con el Poder Legislativo nacional, pretenden someter al Poder Judicial para eliminar un verdadero contrapeso.

Qué lamentable que Morena y sus aliados estén vulnerando los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos de todos los mexicanos, por lo tanto, no podemos ni debemos permanecer pasivos ante tanta arbitrariedad, llegando la hora de las determinaciones, la hora de la defensa de la patria, la hora de luchar por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.

“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.

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