A DECIR VERDAD

Martes negro para México
Por Rubén Iñiguez/
La Voz de Jalisco

El martes 6 de noviembre de 2024 quedará marcado como un día sombrío para el sistema judicial mexicano. Tras más de seis horas de un intenso y complejo debate, los puntos más controversiales de la Reforma Judicial, que muchos consideraban una amenaza para la independencia del poder judicial, no pudieron ser revocados. La Corte, que se presentaba como el último bastión en defensa del Estado de Derecho, no logró detener los avances de una reforma que algunos consideran un intento de concentración de poder en el Ejecutivo.

Antes de la sesión, la expectativa era alta. Los empleados de la Corte, al igual que muchos observadores del ámbito jurídico, esperaban una resolución que hiciera justicia al principio de división de poderes que sustenta nuestra democracia. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, abrió la discusión con un discurso cargado de responsabilidad histórica: “Somos conscientes del peso histórico que conlleva esta discusión. Les aseguro que cada posición que tomemos estará guiada por el juramento que cada uno de nosotros hizo al asumir este cargo: ‘Guardar y hacer guardar la Constitución de la República’”, señaló.

Sin embargo, aunque el ambiente inicial parecía prometedor, los ministros más comprometidos con la autonomía judicial pronto se dieron cuenta de que la batalla sería más difícil de lo esperado. A pesar de que varios ministros llegaron a la sesión con la firme intención de defender los principios de independencia judicial, no tuvieron el margen necesario para expresarse de manera contundente.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con un discurso claro y preciso, defendió la facultad de la Corte para revisar la reforma, aludiendo al Poder Reformador como una entidad de carácter constitucional, lo que le otorgaba la legitimidad para examinar las implicaciones de los cambios propuestos. Sin embargo, su intervención no fue suficiente para frenar el proceso.

Lo que sorprendió a muchos fue la postura del ministro Alberto Pérez Dayán. Cuando todo indicaba que los ocho ministros que habían presentado sus renuncias, como forma de evitar su sujeción a un proceso electoral popular, estarían listos para enfrentar los riesgos de la Reforma Judicial, Pérez Dayán tomó una decisión inesperada. El ministro se manifestó en contra de entrar a fondo en la discusión de la reforma, argumentando que las implicaciones de tomar una decisión en ese sentido equivaldrían, según su opinión, a una “insensatez”. «Resolver en el sentido que propone esta reforma sería, con todo respeto, una irresponsabilidad», expresó, dejando en claro que consideraba la propuesta inconstitucional.

La postura de Pérez Dayán resultó crucial, pues sin su apoyo, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar los puntos más controvertidos de la reforma, como requería el quórum. Solo siete ministros se alinearon con el proyecto de Juan Luis Alcántara Carrancá, que buscaba mantener la separación entre los poderes del Estado.

Así, aunque el debate mostró la profundidad de la crisis institucional que atraviesa el país, también evidenció una falta de consenso dentro de la misma Corte. El voto del ministro Pérez Dayán fue decisivo para que no se pudiera echar abajo una reforma que, para muchos, debilita la independencia del poder judicial y aumenta la concentración de poder en el Ejecutivo.

En este escenario, la pregunta persiste: ¿cómo protegeremos la división de poderes cuando los propios guardianes de la Constitución parecen vacilantes frente a un poder que crece cada vez más? El martes que definió el futuro de la Reforma Judicial no solo fue un día difícil para la Corte, sino también para la democracia mexicana. Sin la división clara de poderes, no hay justicia que valga.

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