
La Paradoja/Alan Martínez
Chihuahua, Chih. – Este martes, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, a través de la diputada Rosana Díaz Reyes, presentó una iniciativa para reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada y establecer la responsabilidad del Estado en garantizarlo. Este derecho, según los legisladores, es primordial para asegurar una vida digna y el pleno goce de otros derechos fundamentales.
La diputada destacó que la vivienda no es solo un bien material, sino un derecho humano interdependiente con otros derechos básicos, como la salud, educación y participación social. Señaló que la falta de acceso a una vivienda adecuada genera una cadena de vulneraciones que afecta negativamente la vida de las personas, especialmente de los grupos más desfavorecidos.
La legisladora de la 4T subrayó la urgencia de abordar la crisis de viviendas espaciosas que ha ido avanzando de manera paulatina pero firme en el estado. Explicó que el mercado inmobiliario actual, caracterizado por prácticas discriminatorias y precios inalcanzables, ha dejado a muchas personas fuera de los principales centros urbanos. Esta situación, aseguró, requiere una intervención estatal para garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna, independientemente de su situación económica.
La diputada propuso un modelo de arrendamiento público en el cual el Estado provea viviendas sin fines de lucro. Este esquema, dijo, permitiría a los sectores más vulnerables acceder a una vivienda sin enfrentar las presiones del mercado inmobiliario privado, cuyo enfoque principal es el beneficio económico.
Consideró que el Estado debe desempeñar un papel más activo en la creación y gestión de viviendas, asegurando que sean accesibles para todos los ciudadanos y que se consideren las necesidades específicas de personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La diputada también hizo referencia a una serie de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que subrayan la interdependencia entre la vivienda y otros derechos. Por ejemplo, se mencionó un caso donde el derecho a la vida digna de las personas mayores está estrechamente vinculado con el acceso a una vivienda adecuada, ya que la falta de un lugar seguro y estable puede afectar gravemente su salud y bienestar.
Díaz Reyes recordó que en la legislatura anterior, la diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz ya había presentado una propuesta similar, pero lamentablemente no se llevó a cabo una discusión a fondo. A pesar de ello, la necesidad de reconocer constitucionalmente el derecho a la vivienda no ha desaparecido, y con el paso del tiempo, este problema se ha agravado, afectando a más familias en el estado.
La propuesta también toma en cuenta la situación de las personas con discapacidad , para quienes el acceso a una vivienda adecuada puede ser un elemento clave en su independencia y participación en la vida comunitaria. Según la iniciativa, es crucial que el Estado diseñe sistemas de apoyo que permitan a estas personas vivir de manera autónoma y ejercer sus derechos sin barreras.