
La Paradoja/Alejandra Moreno
Chihuahua.- La exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, propuso instaurar centros de mediación penitenciaria como parte de las medidas a tratar por las autoridades para resolver los conflictos violentos entre los internos de los penales del Estado.
Como parte de su participación en la presentación del libro “Derecho Penal. Tendencias hacia la legalidad de las prisiones”, Patricia González compartió que dentro de su carrera en la función pública de Chihuahua no se logró consolidar completamente el sistema juzgatorio, por lo que hoy insiste en utilizar la mediación en la justicia restaurativa para los Centros de Reinserción Social.
“Creo que la mejor manera de abordar los conflictos que hay entre las personas privadas de libertad y también las autoridades penitenciarias, es precisamente la mediación penitenciaria y en los grupos de personas privadas de libertad, que son grupos antagónicos; me tocó trabajar también mucho con ellos, sobre todo en Ciudad Juárez, grupos de las pandillas, de los Mexicles, Los Aztecas, de todas estas pandillas tradicionales que se formaron en Ciudad Juárez (…) Al trabajar con ellos me di cuenta que realmente era factible instaurar un centro de justicia restaurativa y de mediación penitenciaria al interior de esos centros y para ello me puse a trabajar con la idea de generar una estructura, una estructura orgánica que pudiera realmente suponer en práctica los conocimientos de la justicia restaurativa y de la mediación penitenciaria”, destacó.
Compartió que el diseño de esta política pública fue creada junto a su hijo Javier Jiménez González, planteando la posibilidad de que gran parte de los conflictos penitenciarios se resuelvan por especialistas, con una estructura que incluye la dirección o la coordinación que organice los casos que se van a analizar, con un espacio de apoyo y un sistema de gestión interna en la que se contempla la participación de sociólogos, antropólogos, psicólogos y especialistas con una real vocación de contribuir a la mejora de los derechos humanos y que estén al pendiente de lo que está ocurriendo al interior de las prisiones.
Visualizó que una vez que este personal de naturaleza administrativa pueda identificar este tipo de conflictos, se desarrolla una estructura que trabaja con los mediadores en materia penitenciaria y también se establece una oficina de seguimiento y evaluación de cuáles serían los resultados de intervenir desde la justicia restaurativa sobre todo en los conflictos más fuertes en las cárceles.
“Entonces creo que ese texto es de utilidad sobre todo desde un punto de vista de la carrera pero también en la práctica, o sea, hay que llevarlo a la práctica jurídica con sangre porque nuestra ley nacional de ejecución penal, si bien es cierto que habla en términos muy generales de la mediación penitenciaria y de la justicia restaurativa, lo cierto es que nosotros hemos dejado de aplicar realmente la legislación en los casos cotidianos porque no existe a veces la voluntad política de generar nuevas instituciones que nos permitan hacer efectiva nuestra legislación. Eso ocurrió hace muchos años aquí en el estado de Chihuahua cuando se elaboró esta gran reforma sobre el sistema acusatorio. Lo que hicimos fue construir instituciones. En otros estados realmente les fue muy complicado implementar el sistema acusatorio”, sentenció.