Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron el proyecto de decreto para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Por mayoría, las y los integrantes de los órganos legislativos, que presiden los senadores Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña, dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen con 10 votos a favor, siete en contra y una abstención; por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda lo aprobó con nueve votos a favor, seis en contra y una abstención por parte del Senador Rafael Espino.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; refirió que una importante cantidad de los montos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no se invierten, por lo que se debería identificar cómo aprovechar esos recursos para mejorar el sistema de impartición de justicia.
Rechazó mantener lo que calificó como “privilegios” y “excesos económicos” de la alta burocracia de ese Poder del Estado; no obstante, precisó que las aportaciones voluntarias de los trabajadores a los fideicomisos están garantizadas por la Constitución Política, protección que va de la mano con compromisos internacionales que México ha adquirido.
En la reunión de las comisiones, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, cuestionó a los legisladores si la decisión de eliminar los fideicomisos es “política o técnica”, ya que se afectaría la creación de plazas laborales para atender nuevos centros de justicia y éstos quedarían como “elefantes blancos”, además de que se haría redoblar esfuerzos a los trabajadores en activo.
Advirtió que, por tanto, a quien más afectaría la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sería a la base laboral. Además, enfatizó que asegurar a este órgano un presupuesto suficiente aportaría a la división de Poderes del Estado y al contrapeso para “contrarrestar el poder absoluto”.