Alejandra Moreno.
El abogado Héctor Villasana, defensor del exgobernador César Duarte Jáquez, indicó que la Jueza de control Delia Valentina Meléndez, podría ser separada de su cargo, incluso inhabilitada por los delitos en los que se le señala en la denuncia interpuesta por su cliente este miércoles.
Luego de darse a conocer sobre la querella de Duarte contra Meléndez por la presunta comisión de los delitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación, Villasana defendió que la Jueza se había ‘comportado’ y actuado conforme a derecho pese a que de años atrás había sido señalada como juez de consigna del exgobernador Javier Corral Jurado.
Reiteró que la representante del Poder Judicial ha negado todas las solicitudes para revisar las medidas cautelares impuestas a Duarte, así como para debatir las causas de sobreseimiento de la causa, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que ante una petición de estas características, el juzgado debe convocar a audiencia dentro de las 48 horas siguientes para que se discuta el tema.
“El día de ayer la juez arbitrariamente niega la convocatoria de la audiencia que le solicitamos, bajo el argumento que para ella no había un cambio de condiciones, o sea que no era necesaria la audiencia porque a juicio de ella el estado de salud de Duarte estaba bien, y por lo que respecta al sobreseimiento que no iba a acordar en fecha posterior”, compartió el abogado, situación que señaló, a todas luces se trata de una actitud ilegal y hasta sospechosa.
Por lo anterior, sostuvo que ya se hizo de conocimiento al Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno para que se proceda a la apertura de una carpeta de investigación, en la que se busca integrar diversas causas que asegura, existen contra Delia Valentina por la violación de los derechos humanos de personas procesadas durante juicios realizados en el periodo del gobierno anterior.
Asimismo, apuntó que las quejas también se harán llegar al Órgano Interno de Control y la Unidad de Investigación del Tribunal Superior de Justicia para que se apliquen las sanciones correspondientes a la jueza en materia administrativa, mientras que, adelantó, de judicializares el caso las penas contempladas para dichos delitos abarcan de seis meses a tres años de prisión.