Muy pronto que se pusieron el saco ¿sí les queda?
Por CACHO
En estos días se han estado discutiendo muchos temas importantes en el país a raíz de la exposición de las fuerzas armadas tras el hackeo de seis terabytes de información, extraída de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por un grupo activista de hackers que se autodenomina “Guacamaya”.
Entre los documentos que fueron sustraídos de la Sedena, hay infinidad relacionados con la seguridad y se ha puesto de manifiesto que el crimen organizado y el crimen, en general, campean por los cuatro puntos cardinales en el territorio nacional.
Esto es, la seguridad pública tiene que ser una prioridad para el gobierno federal, sin embargo, la cobardía del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar al crimen organizado (o colusión, ya no se sabe) y la reducción de presupuesto para las policías estatales y municipales, dejan al ciudadano común en la indefensión.
Esto da pie a lo que sucede en el +ámbito estatal. Se ha desatado una gran polémica a raíz de las declaraciones imprudentes y “en caliente”, en una entrevista de banqueta, del titular de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, cuando se refirió a que la mayoría de los que se oponen a la Plataforma Centinela son delincuentes.
En efecto, se trata de un proyecto muy amplio para combatir la delincuencia, ya fue el secretario Loya a explicarles en el Congreso del Estado de qué se trata, sin embargo, la bancada de Morena se opuso de inicio a la plataforma. Uno de sus argumentos, si es que así se le puede llamar, es que se trata de despilfarrar el dinero y, además, entregárselo a los amigos de la gobernadora.
Al más puro estilo del ente que preside este país, López Obrador, sus súbditos de la fe ciega y el escaso pensamiento crítico, repiten a coro el único planteamiento que hace su patrón: la corrupción.
Pero se pasan de habladores – en mi rancho les dicen algo así como que la boca que tienen es demasiado grande y la comparan en tamaño superlativo con la de los animales, el hocico – igualito que el bufón de Palacio Nacional, hablan y hablan y nunca aportan pruebas.
El principio jurídico es claro, el que acusa tiene la obligación de probar.
Ahora bien, el secretario Loya ni siquiera señaló a los diputados locales de Morena, dijo simple y llanamente que la mayoría de los que se oponen al proyecto de la Plataforma Centinela, son los criminales.
Y como dirían los abuelos: éstos pa’pronto que se pusieron el saco.
Pues si les queda, es suyo.
Y no sólo eso, están haciendo mucho ruido, con tal de desprestigiar y denostar a la administración estatal, que tampoco es un dechado de perfección, pero si algo queremos los ciudadanos, todos, menos los criminales, es que haya más seguridad en las calles. Y si tenemos cuatro años dándole oportunidad al inútil de AMLO para que arregle la situación que prometió corregir y nos ha fallado (nos está llevando a un punto peor y más que crítico en ese rubro), es tiempo de darle el mismo tratamiento a los gobiernos estatales.
Lo que les duele es que es un proyecto de una administración de otro signo político, y si resulta positiva la inversión contra la criminalidad, ganamos todos, sobre todo ésos ciudadanos comunes a quienes dicen los diputados morenistas que nos representan.
Porque siempre se llenan la boca con la palabra pueblo.
Pero sólo mienten y traicionan al pueblo que dicen representar.
Si los legisladores morenistas de verdad quieren trabajar como lo que deberían ser, ahí está la Ley del Agua del Estado de Chihuahua que, para su conocimiento, es abusiva con los usuarios que tienen una casa desocupada y no gastan agua.
El cobro se hace basado en el artículo que a continuación transcribo:
Artículo 45 Los usuarios tienen el deber de pagar los servicios públicos que le preste la junta operadora u organismo operador municipal en los términos y plazos que así se determinen por el Acta Tarifaria, el contrato de adhesión, el Reglamento de esta Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando no exista consumo de agua o no se utilice el desagüe de alcantarillado autorizado, la persona usuaria podrá optar por suspender el servicio o bien cubrir el monto de los derechos mínimos fijados en la tarifa correspondiente; en el caso de que sea suspendido el servicio, su reconexión generará un pago relativo a tal fin, el que deberá ser acorde al servicio prestado. Los adeudos generados por cualquiera de los conceptos de derechos y servicios a que se refiere esta Ley, los contenidos en las tarifas, así como las sanciones, tendrán el carácter de créditos fiscales, por lo que las juntas municipales y rurales, como organismos fiscales autónomos, podrán hacerlos efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código Fiscal del Estado. En caso de mora, se causarán los recargos que fije este último ordenamiento legal.
O sea, usas agua y te la cobro, está bien, no usas agua y también te cobro, ahí sí que deberían actuar los legisladores.
La opción es pedir que se suspenda el servicio, pero luego te cobran la reconexión.
Ése sí es tema para que lo aborden los legisladores, es algo tangible, no chismecitos ni sacos ajenos.
Aunque si les queda ése saco, pónganselo.
Pues, se tenía que decir… y se dijo.