Falta de personal merma avances en identificación de restos óseos

Alejandra Moreno.

De los más de 300 restos óseos que se han localizado en los descensos al tiro de mina en Santa Eulalia desde el 2019, únicamente 20 personas han sido identificadas, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familias, mientras que los demás fragmentos continúan en un lento análisis, que podría resolverse de contar con los recursos y personal suficiente en los servicios periciales.

Gabino Gómez Escárcega, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quien ha participado directamente en varios operativos de búsqueda en la región, comentó que ha tenido contacto directo con personal de servicios periciales, que le ha manifestado, se encuentran rebasados por los trabajos de identificación de los restos localizados en ésta y otras zonas, y que es necesario apoyo de más personal, así como de recursos para proveerse de mayor cantidad de los reactivos utilizados en los procesos.

Mencionó que, pese a que las unidades cuentan con buena tecnología, a más de un año que se tuvo la última revisión en el mencionado tiro de Mina, no se ha dado a conocer ningún dato respecto a los fragmentos encontrados, que pudieran pertenecer a parte del universo de personas reportadas como desaparecidas en la zona centro de la región.

“A más de un año no se tienen resultados de los procesamientos porque hay un rezago muy importante, ¿De cuanto? Yo no sé. Pero, por lo menos, yo conozco varios casos donde no se tiene información… Entonces sí hay un reclamo ahí”, expuso el activista. 

“Yo entiendo perfectamente que es un trabajal muy grande y que para resolver todos requieren de muchísimos recursos (…) nosotros hemos insistido en la necesidad de que se dote de mayores recursos pero no se hace porque, el presupuesto a ejercer este año para esos rubros no tiene incrementos importantes”, agregó. 

Recordó que hay la promesa por parte de las autoridades, de que en abril próximo se va a terminar la limpieza del tiro de mina de Santa Eulalia, con un extenso operativo que recabe todos los restos ahí ubicados y será sellado, “para que ya no siga siendo un lugar de tiradero de cuerpos”.

Los 300 restos localizados en dicho lugar (cifra manejada extraoficialmente y respaldada por Gabino Gómez), fueron rescatados en dos descensos; uno en agosto del 2019 y otro en septiembre del 2021, con la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Cruz Roja Mexicana, el Servicio Médico Forense, antropólogos y personal especializado en alpinismo.

Cabe destacar que en los rastreos y procesos de identificación también participan Organizaciones No Gubernamentales y el Equipo Forense Argentino, y, en algunos casos, las pruebas más especializadas se mandan a Suiza y Australia, por lo que el estudio puede tardar mucho más de lo previsto.

Esto sin mencionar que, de acuerdo con la FGE, cuando los huesos resultan ser pequeños fragmentos que no se sabe si pertenecen a una o varias personas -como ocurre en los encontrados en fosas clandestinas-, el análisis tiene una mayor duración al realizarse de manera minuciosa y poder determinar los ADNs que involucran dichas partes.

En este sentido, el 01 de octubre del 2021, el Fiscal Roberto Fierro Duarte, declaró que se requería una limpieza total del tiro de mina, de lo contrario, “seguirán apareciendo más cuerpos, más partes. Es un círculo vicioso que hay que terminar”.

Cabe hacer mención de que el departamento de antropología de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, es el que se encarga de realizar el estudio de restos óseos y osamentas para llevar a cabo su identificación, asimismo, se estudian las marcas del hueso, se busca reunir los restos para lograr el reconocimiento de una persona, y se lleva a cabo la reconstrucción de osamentas, la valoración del tiempo o edad de los huesos, y su afectación por flora y fauna en caso de ser restos o vestigios.

Según datos del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, desde 2019 el gobierno federal llevó a cabo un censo de los restos humanos y cuerpos sin identificar en México, a partir del cual se registraron 37 mil personas: ocho mil en servicios forenses y las 29 mil restantes en fosas comunes.

A partir de solicitudes de información y trabajo de campo, el movimiento levantó un registro donde se contó a más de 52 mil cuerpos sin identificar. En esto se encontró que el 80% del total de personas se concentra en 10 estados del país, encabezados por Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Sobre este tema, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró recientemente que no existe un censo sobre los cuerpos no identificados, ni sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes y que que tampoco existe una base de datos genética nacional que permita la comparación de los datos que se obtienen de las muestras genéticas tomadas por las familias, con las que se levantan de los cuerpos encontrados.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades y ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene fragmentada esto habla pues de que no existen no solamente capacidades institucionales humanas, sino también falta voluntad política a nivel estatal para encarar esta crisis”.

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