Tras la aprobación de la Ley Ingrid, serividores públicos pudieran pasar hasta 10 años privados de su libertad, en caso de difundir imágenes de víctimas del delito. Sanción que incrementa 30 por ciento si las víctimas son a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
Por lo que funcionarios públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho.
Con esta aprobación se reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, personas pudieran recibir una sanción economica que va de 100 a 150 días de multa. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad dentro del Congreso Fedeal para ser turnado al Senado de la República.
Cabe recordar que la iniciativa nació a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, de quien se difundieron imágenes, que fueron difundidas por su propio agresor.