AMLO mueve contra el INE sus alfiles en la Suprema Corte
Por Cacho
Una vez que el ente que preside este país aseguró que sus incondicionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ministro Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa “batearan” el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender temporalmente las actividades relacionadas con la revocación de mandato del presidente, hubo desistimiento de la denuncia penal contra los consejeros electorales.
Sería muy ingenuo pensar que no acatan “las sugerencias” de López las señoras Ríos Farjat, a quien éste nombró Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al asumir la presidencia en diciembre del 2018 y posteriormente catapultó a la Suprema Corte) y la señora Esquivel Moss, esposa de José María Rioboó, contratista preferido de AMLO e impulsor del aeropuerto de Santa Lucía, cuyo proyecto diseñó, pese a no tener experiencia en aeronáutica.
Además, Rioboó defendió su idea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (así llaman ahora a la base militar de Santa Lucía) al asegurar que no habría problemas con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque los aviones no pueden chocar ya que “automáticamente se repelen”.
Pues sí, ambas integrantes de la Corte, presiden conjuntamente la Comisión de Receso que admitió la controversia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra el mencionado acuerdo del INE y concedieron la suspensión del mismo en tanto la SCJN se pronuncia sobre el fondo del litigio.
Lo curioso es que dicha a Comisión de Receso se excedió en sus atribuciones; estaba facultada para admitir la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados y dictar medidas cautelares, pero no para hacer pronunciamientos de fondo e hizo dos que ponen en duda la imparcialidad de sus integrantes:
De acuerdo con el comunicado de la SCJN, la Comisión de Receso ordenó que el INE “continúe la organización y desarrollo del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de $1, 503 millones, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”. Pero el INE mostró a la SCJN (y antes a la Cámara de Diputados), que la consulta, como lo marca la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), cuesta 3 mil 830 millones de pesos.
Ríos Farjat y Esquivel Mossa llegaron a la conclusión, en un par de días, sin sustento técnico ni financiero, que es “viable” realizar el proceso de revocación de mandato, en 161 mil casillas, con un presupuesto de mil 503 millones.
Adicionalmente, las ministras acusan al INE de decretar por su cuenta las medidas cautelares que le habían sido denegadas tras interponer una controversia constitucional contra el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Esta imputación es injuriosa y equivocada, y en boca de quienes tienen a su cargo la defensa e interpretación de la Constitución, da miedo.
Pero hay estado de derecho, dice López.
En fin, la resolución de fondo de la Corte aún está pendiente; se requiere mayoría para aprobarla. Sin embargo, el acuerdo emitido por la Comisión de Receso, que se apartó del debido proceso, deja muchas dudas sobre la imparcialidad de quienes integran el órgano temporal.
Su actuación puede terminar dañando la credibilidad de la institución que constituye el último recurso para hacer valer la Carta Magna ante los actos arbitrarios de quienes detentan el poder de aprobar el presupuesto de la Federación.
Y sí, luego de estos sucesos, se dio el desistimiento de parte de la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
Pura propaganda barata, pues la decisión del Legislativo ocurrió horas después de que la Fiscalía General de la República abriera un expediente contra los consejeros electorales señalados por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
¿La Fiscalía como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo? Júzguelo usted mismo, estimado lector.
Pues, se tenía que decir… y se dijo.