Carece de credibilidad AMLO en el combate a la corrupción
Por Cacho
A lo largo de los últimos tres años se han sumado un escándalo de corrupción tras otro bajo el manto de la 4t, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para quienes hacemos uso del menos común de los sentidos (el sentido común) nos es prácticamente imposible creerle al mandatario.
Creerle que ya no hay corrupción, sólo porque él lo dice.
Porque en los hechos, pues es más boyante este cáncer que ha carcomido a México durante décadas, pero que al parecer, la administración de López trata de superar a la Peña Nieto en este negro rubro.
Ejemplos de corruptelas en esta administración hay muchos:
La riqueza inmobiliaria de Manuel Bartlett Díaz y los contratos con el IMSS de su hijo Manuel Bartlett León.
Pío López Obrador (hermano de AMLO) recibe efectivo de manos de David León. “Son aportaciones” justifica el ente que preside este país.
Hallan contratos millonarios de Pemex a favor de Felipa Obrador, prima de AMLO y éste dice “ya se disculpó Octavio Romero (el director de Petróleos Mexicanos) por ese error”
Martín, otro hermano de López recibe dinero en efectivo de David León y de nuevo lo justifica AMLO e insulta a Carlos Loret de Mola, quien puso al descubierto el video en el que se demuestra que “Martinazo” (así lo apodan) recibe el dinero.
Los contratos que el IMSS otorgó a familiares de Zoe Robledo, el director del Seguro Social.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestra que el 78.16 por ciento de la asignación de contratos en el gobierno de AMLO es por adjudicación directa, cuando ésta debería ser la última instancia.
Cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra pública, tiene tres alternativas:
a).- Hacer una licitación pública.
b).- Invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
c).- Adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin que haya un proceso de competencia.
El artículo 134 de la Constitución y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional.
Aquí no sucede eso.
Y peor aún, dentro del largo historial de mentiras de López Obrador, está el de su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que dentro de su estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a “prohibir las adjudicaciones directas”.
También surgieron los escándalos inmobiliarios de Irma Eréndira Sandoval, la entonces flamante titular de la Secretaría de la Función Pública, (dedicada a combatir la corrupción, en el papel) había adquirido inmuebles junto con su esposo Jhon Ackerman con un valor superior a los 60 millones de pesos y lo justificaron diciendo que eran donaciones y compras hechas con su salario de maestros universitarios (que sumarían ambos sueldos en el periodo de 9 años en que se adquirieron esos bienes, una cantidad infinitamente menor a su valor).
También la mansión no declarada de Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira, no pasó a mayores.
De lo más reciente, la revisión de contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó por adjudicación directa para las obras en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el que por mostrar un prietito del arroz, destaca una empresa de renta de inflables para fiestas infantiles, se convirtió en proveedora de tractocamiones.
Eso desató la furia de López, que, haciendo a un lado la Constitución, las leyes y el mínimo sentido de la decencia, emitió un acuerdo mediante el cual opaca aún más las operaciones financieras de toda obra emprendida por la administración federal.
Las considera el autoritario AMLO tema de seguridad nacional y las aleja de todo escrutinio.
Y para no cansarlo, estimado lector, lo más reciente:
Los multimillonarios bienes inmobiliarios del ex encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Santiago Nieto, tasados en alrededor de 40 millones de pesos.
El sueldo de Nieto en la UIF era de 108 mil 358 pesos, pero entre 2019 y 2020 adquirió lo siguiente:
a).- Una casa de 24 millones de pesos en la Alcaldía Álvaro Obregón, en el sur de la Ciudad de México.
b).- Otra vivienda en Querétaro por valor de un millón 600 mil pesos
c).- Un departamento en Santa Fe (Ciudad de México) de 8 millones 200 mil pesos y
d).- Un automóvil Audi último modelo con valor de medio millón de pesos.
Sí que sabe cómo estirar el gasto.
Y como colofón, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es investigado por la UIF en relación con transferencias millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal Gertz Manero; su yerno, José Antonio Martí Munain, y el representante legal ha sido Juan Ramos López, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
También, la compra de vehículos de lujo (122 Mercedes Benz y un Rolls Royce) por pate del fiscal en el periodo comprendido entre 2013 y 2021.
Hay que agregar millonarias transferencias, en dólares, euros y pesos a Estados Unidos y España.
Todo lo anterior lo desmintió a través de una carta a Juan Francisco Ealy, director del periódico El Universal, Heriberta Ferrer Arias, quien se desempeña como directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la UIF.
Sin embargo, el diario afirma que cuenta con una copia del documento citado en la edición del pasado lunes (6 de diciembre) sobre la información financiera del fiscal y el detallado sobre la participación corporativa de Gertz. Ambos son informes elaborados por la UIF, aseguran los reporteros.
Así que ¿usted le cree a López, que va contra la corrupción?
Yo tampoco.
Pues, se tenía que decir… y se dijo.