Ante la divulgación del informe Pegasus Project, que reveló la intervención de al menos 50 mil teléfonos de activistas, periodistas y políticos — 15 mil dispositivos en México–, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachalet, urgió a “regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas”.
En un comunicado fechado en Ginebra, la expresidenta de Chile consideró “extremadamente alarmantes”, las informaciones relacionadas con el uso del software Pegasus para vigilar ilegalmente a diversos sectores de la sociedad, lo que confirma “algunos de los peores temores” sobre el uso de la tecnología para “socavar los derechos humanos de las personas”.
Alertó que “sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar a la disidencia”.
La Alta Comisionada lamentó que el uso ilegal del software esté relacionado con “arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos”, y con la autocensura “por miedo”.