“El peor enemigo de un gobierno corrupto, es un pueblo culto” (anónimo)
Por FerMan
Continuando con el análisis del Quinto Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Derechos Humanos en México durante el año 2020, el mismo señala que nuestro país atravesaba una grave crisis de violencia e inseguridad desde hacía varios años, derivado del combate al crimen organizado, lo que trajo como consecuencia la muerte de más de 100,000 personas, más de 27,000 desaparecidos, más de 2,000 investigaciones de tortura y miles de desplazamientos forzados dentro de nuestra Nación, todo ello reconocido por el Estado Mexicano.
Es así que según dicho informe, nuestras autoridades, como respuesta al incremento de la violencia, decidieron aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con la intención de hacerle frente al crimen organizado a través de la coordinación de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad pública, tanto estatales como municipales; sin embargo, lo anterior desató mayor violencia y sobre todo, un aumento considerable de violaciones graves a los derechos humanos, por lo que, a dicho de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad pública, atendiendo a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, debe ser de carácter civil y no castrense.
Por eso, es en dicho contexto que una de las recomendaciones aceptadas por el Estado Mexicano fue que se debía prescindir del Ejército Mexicano para realizar acciones de patrullaje, y en su lugar, se debería ir fortaleciendo a las instituciones de seguridad pública de carácter civil. En el rubro de Seguridad Ciudadana, la primera recomendación en específico fue la siguiente “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Con respecto a dicha recomendación, el gobierno de López Obrador informó que realizó modificaciones constitucionales donde fue creada la Guardia Nacional y se generó el Acuerdo por el cual se dispone de las Fuerzas Armadas pemanentemente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementarias, lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.
Recordemos que dicha acción generó entre los organismos derecho humanistas, tanto nacionales como internacionales, reacciones negativas pues se consideró que se estaba militarizando la seguridad pública.
Ahora bien, con respecto al tema que nos ocupa, en el informe de la CIDH, emitido en marzo de 2021, hace referencia que, es preocupante el hecho de que el Estado Mexicano haya propuesto 5 años para que la Guardia Nacional opere completamente en todo el territorio mexicano como una institución de seguridad pública civil, mientras tanto, estará militarizada hasta el término del sexenio del actual presidente.
Entre otras razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que dicho punto recomendatorio no se encuentra cumplido. Como reflexión final, podemos concluir que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha caído en desacato de los acuerdos internacionales que a la postre, le puede generar para el Estado Mexicano, sanciones más severas. Esperemos que nuestras autoridades federales, tomen con la debida seriedad, las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, y procedan a su cumplimiento.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.