“La corrupción no es un mal que solo afecta a los países en desarrollo, sino también a los países desarrollados” (Abdul Aziz).
Por FerMan
Continuando con los comentarios al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en diciembre de 2019, titulado “Corrupción y Derechos Humanos”, y con respecto a los actos de corrupción en materia electoral, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en múltiples ocasiones, su preocupación por actos de corrupción en materia del financiamiento de la política partidaria, dando como ejemplo lo sucedido en Guatemala, como ya lo hemos comentado en publicaciones pasadas, donde en las comunicaciones oficiales de los Órganos involucrados, señalaron que del resultado de una investigación realizada por el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), revelaron un esquema de corrupción montado para financiar la campaña electoral del partido Patriota.
Según dicha investigación, las actividades ilícitas tendientes a conseguir fondos para el partido Patriota se realizaron entre 2008 y 2011 y siguieron en funcionamiento durante el ejercicio de gobierno de ese partido entre 2012 y 2015, dónde la estructura criminal enquistada al interior del gobierno, cooptó las instituciones, desviando los recursos financieros del erario público a las cuentas de particulares, entre ellos por supuesto a los altos funcionarios en turno, que dicho sea de paso, una vez descubierto su modus operandi, se privó de la libertad tanto a la entonces vicepresidenta como al presidente emanados del Partido Patriota.
Es por esto que, como consecuencia del financiamiento fraudulento, las candidaturas que reciben esos fondos cuentan con una cantidad de recursos ilegítimos para llevar adelante la campaña política y dar a conocer sus plataformas partidarias. Por otro lado, esas campañas distorsionan u ocultan el origen de los fondos utilizados para llevar adelante sus campañas políticas. Este hecho, de ser conocido por las personas electoras, podría afectar sus preferencias partidarias.
De esta forma, la corrupción mediante el financiamiento fraudulento de las campañas políticas, impacta en el goce y ejercicio del derecho humano a participar en el proceso electoral y ejercer el derecho al voto en condiciones de igualdad y no discriminación. Por desgracia, en esta materia, México no queda fuera del tema, pues lo estamos viendo ahora con la investigación que está llevando la Fiscalía General de la República dentro del caso conocido como la “estafa maestra”, donde se ha dado a conocer que funcionarios federales desviaron grandes cantidades de dinero del erario público para patrocinar campañas electorales del partido en turno.
Por todo lo anterior, debemos estar atentos en las próximas elecciones, a efecto de que las mismas estén exentas de financiamientos ilegales, tanto de recursos financieros públicos como privados.
“Fiat Justitiae, Péreat Mundus”.