CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

“Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento” (Kofi Annan).
Por FerMan

Continuando con los comentarios al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado en diciembre de 2019, titulado “Corrupción y Derechos Humanos”, en cuanto al tema de la corrupción en la política, se puede inferir que las formas de corrupción más comunes en los procesos político-electorales, consisten en el financiamiento fraudulento de la política, la compra de votos y el clientelismo político.
Esto se traduce en el sentido de que, a través de actos de corrupción, se interfiere o se influye en la voluntad política de las personas, ya sea al entregarles dinero u otros beneficios con la finalidad de que los electores voten por determinado candidato o partido. En cuanto al clientelismo político se actualiza cuando se utilizan las instituciones del Estado y los recursos públicos para influir en las voluntades de amplios sectores sociales, sobre todo en aquellos que pertenecen a grupos más vulnerables social y económicamente hablando.
Lo anterior se presenta en varios países cuando a los votantes se les ofrecen regalos y donaciones de parte de los partidos políticos y candidatos, lo que determina por quién votar. Para tener una idea más general, es importante conocer en qué consisten los derechos político-electorales que se vulneran con los actos de corrupción, mismos derechos que involucran tres dimensiones, a saber a) El derecho a la participación y dirección de los asuntos públicos, ya sea personalmente o mediante representantes; b) El derecho a votar y ser elegido en elecciones a través del sufragio universal y secreto; c) El derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad.
En definitiva, estos derechos político-electorales suponen condiciones de igualdad y no discriminación para realizarlos, condiciones que deben ser garantizadas por el Estado a fin de que existan verdaderas oportunidades para su ejercicio.
Para lograrlo, es indispensable que los Estados generen las condiciones y mecanismos óptimos para que estos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva con irrestricto respeto al derecho de igualdad y no discriminación. Es decir, el sistema democrático representativo se materializa a través de los procesos electorales, de ahí la importancia de que todo proceso electoral se encuentre ajeno a los actos de corrupción.
El derecho de los pueblos a deliberar para tomar una decisión colectiva debe comprender un periodo de campaña electoral, en este periodo los candidatos exponen y difunden sus ideas para que los ciudadanos puedan elegir de manera informada por quien van a votar.
Dicho proceso se vulnera cuando interviene el financiamiento fraudulento, la compra de votos o el clientelismo, ya que se alteran las condiciones de igualdad entre los candidatos, afectando la comunicación y la información que va dirigida al electorado.
Es así que, los ciudadanos debemos estar muy pendientes para que, en los próximos procesos electorales, sean respetados nuestros derechos político-electorales, denunciando todo acto de corrupción del que lleguemos a tener conocimiento.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.

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