“El peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto” (anónimo).
Por FerMan
Continuando con los comentarios al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, titulado “Corrupción y Derechos Humanos”, nos avocaremos a la corrupción que se puede dar en el ámbito electoral, circunstancia que, por desgracia, es muy común en los países latinoamericanos.
El referido informe señala que, para que exista un verdadero Estado de Derecho, se necesita un sistema de reglas donde el poder estatal esté controlado tanto por instituciones legalmente constituidas como la ciudadanía en general.
Lo anterior es lo idóneo para que exista una sociedad democrática, a efecto de que los ciudadanos puedan votar y ser votados cumpliendo las regulaciones legales que señalan los procesos electorales. Es así que, este régimen legal se fractura cuando la corrupción se presenta en cualquier etapa del proceso electoral, lo que puede ser al inicio de las designaciones de quienes ocuparán los cargos una vez sean elegidos hasta una vez que se encuentran desempeñando la función por la cual fueron electos.
Cuando se da este supuesto, se corrompe el principio de igualdad, lo cual afecta las garantías y la vigencia de los derechos humanos de todos los ciudadanos, pues se desvían las decisiones que deberían beneficiar al bien común hacía beneficios particulares o privados, destinando recursos públicos a fondos privados.
Es así como resultan alterados los equilibrios del poder, el funcionamiento de las instituciones públicas y por lo tanto el Estado de Derecho. Por supuesto que la corrupción se agrava cuando, a través de maniobras fraudulentas, el crimen organizado logra controlar las instituciones públicas, esto es, se logran cooptar las instituciones, debilitándolas y desvirtuando las funciones inherentes a su creación.
Un claro ejemplo de lo anterior, se mencionó en publicaciones anteriores, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, (CICIG), en el 2015, logró desmantelar una sofisticada estructura enquistada en las instituciones púbicas del gobierno en turno, señalando que los vínculos de las estructuras del crimen organizado o narcotráfico con la política obedecían a la necesidad de contar con protección política, información y libertad de acción en las zonas donde los cárteles operaban.
De tal manera que estos grupos financian campañas electorales aportando recursos a los distintos partidos en diferentes niveles. Estos grupos criminales a través del financiamiento político buscan no sólo beneficiarse de ciertos grados de protección e información, sino también ocupar posiciones claves en el Estado y controlar las instituciones públicas, sobre todo aquellas que se relacionan más con su actividad ilícita, como son las de seguridad pública, todo lo anterior para generarse impunidad de sus acciones.
“Fiat Justitae, Péreat Mundus”.
