Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y administraciones federales anteriores no se atendieron los elementos estructurales de la mala alimentación en México porque había conflictos de interés e injerencia de la iniciativa privada en las acciones gubernamentales, afirmó el subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell.
Durante el webinar “El retorno de lo público”, el funcionario detalló que en las gestiones anteriores se creó una oferta en el mercado de alimentos con productos procesados con algo nivel calórico y bajo valor nutricional, puesto que el interés de algunos empresarios estaba penetrado en acciones legislativas, normativas y programáticas del gobierno.
Como una medida para combatir esto se impulsó la aprobación legislativa del nuevo etiquetado para alimentos procesados de alto nivel calórico, el cual fue apoyado por el propio López-Gatell y comenzará a operar desde el 1 de diciembre de este año.
El subsecretario añadió que las enfermedades no transmisibles como la obesidad, hipertensión, cáncer, entre otras, representan la mitad de la mortalidad en el país, puesto que el año pasado se registraron 722,000 fallecimientos por estos padecimientos.
Resaltó que los hábitos alimenticios de la población no son una decisión individual como administraciones pasadas lo habían reiterado, puesto que en este ámbito influyen elementos estructurales como la oportunidad de acceso a servicios y el nivel económico de las personas.
“No son decisiones racionales, participan mucho la propaganda y publicidad de las corporaciones que se benefician de tener ganancias privadas a costas de bienestar público”, mencionó durante el foro.
López-Gatell agregó que generalmente hay elementos que llevan a la corrupción donde hay una relación entre lo público y lo privado, puesto que los actos de soborno se dan cuando se tiene como propósito obtener beneficios individuales de manera discrecional sobre recursos gubernamentales.
A pesar de ello subrayó que un acuerdo entre gobierno y empresas no tienen que derivar en actos de corrupción, puesto que cuando se tiene un Estado nacional robusto, bien estructurado y transparente se puede ejercer una vinculación de manera adecuada.
Recordó que desde el año pasado la Secretaría de Salud y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reestructuraron el compendio básico de insumos para la salud, ya que en dicho esquema se tenían previstas compras gubernamentales sobre medicamentos obsoletos y a un alto precio.
El subsecretario indicó que detectaron más de 35 medicamentos de los cuales la tercera parte no eran funcionales, además que se tenía un régimen terapéutico de los más caros con medicinas que databan de los años 80.
“Un conglomerado de intereses privados concentraban el poder de decisión e infiltraban sus agendas para que se compraran (medicamentos), desde punto de vista médico, indeseables”, añadió.
Aseguró que con el nuevo esquema se generó un ahorro de más de 1,700 millones de pesos, los cuales eran la mitad del gasto en ese rubro y que representa la tercera parte anual del fondo contra gastos catastróficos del entonces Seguro Popular.