“La peor enfermedad hoy en día en el mundo es la corrupción. Y existe una cura: la transparencia” (Bono)
Por FerMan
Continuando con el comentario realizado al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Corrupción y Derechos Humanos”, es importante volver a hacer referencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples ocasiones que la impunidad es en su conjunto la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, ya sea de un delito o de violaciones a derechos humanos, y por lo tanto el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de los hechos victimizantes y la total indefensión de las víctimas.
En tal sentido, todo Estado que tenga conocimiento de un delito o violación a un derecho humano debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales y orientada a la búsqueda de la verdad de los hechos y el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables. En consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependan de la iniciativa procesal de las víctimas o denunciantes o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad de lo acontecido en el caso.
Así, es en dicho contexto que considerando la importancia que tiene la investigación de los casos graves de violaciones a derechos humanos y de corrupción, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado los mecanismos internacionales de apoyo a los sistemas nacionales y que en publicaciones pasadas he hecho referencia, tales como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), señalando dicha Comisión Interamericana al respecto, que es deber de los Estados luchar por la erradicación de la corrupción, instándolos con dicho fin a reforzar los mecanismos de la administración de justicia y a garantizar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia.
Por ello es importante tomar en cuenta que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y de los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público.
También es importante destacar la importancia en la lucha contra la corrupción del Poder Judicial en un Estado Democrático.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.
