La muerte del exfuncionario Joaquín Lázaro López ha revelado no sólo la condición de riesgo que viven los internos en los penales del estado ante la amenaza del Covid-19, sino que ha puesto en la picota la actuación que en materia de impartición de justicia ha mantenido el Estado en esta administración, en donde en algunos casos específicos afloran claros tintes de venganza política.
El abogado César Palomino, jurista que lleva la defensa del empresario parralense Otto Valles Baca, dijo que en este y otros casos de la llamada “Justicia para Chihuahua”, no se justifica jurídicamente la prisión preventiva oficiosa, pero a las personas involucradas les mantiene presos por orden del Ejecutivo.
Alertó que además de lo grave que resulta la invasión de poderes en un estado que se presume democrático, este ejercicio de venganza política ya cobró una víctima al llevar a la muerte a una persona que no debió estar detenida y mantiene en riesgo a otras, como es el caso del propio empresario Valles.
Al señalar que indudablemente la autoridad deberá responder por este delito, el destacado abogado penalista, dijo que en Chihuahua se violentan todas las garantías individuales en algunos asuntos específicos, empezando por el debido proceso y el acceso a la justicia, el derecho humano a la libertad personal, de expresión y tránsito y, en algunos casos es claro el tinte de la venganza.
En este escenario, mencionó que los jueces de control se han convertido en jueces de consignas, convirtiendo esto en una grave invasión de poderes en la que el gobernador Javier Corral controla la actuación de los jueces.
Abundó que este ha sido un sistema utilizado por Corral desde su precampaña, que se base en acusar sin sustento a una persona por la comisión de un delito y en ese contexto puede ser válido, pero ya en la aplicación del derecho, es completamente indebido, subrayó.
El abogado dijo que con la operación “Justicia para Chihuahua”, el gobernador nos vende la idea de un combate a la corrupción pero en realidad es un proceso plagado de violaciones por las que se tendrá que responder, pues así lo establece la Corte Interamericana de Derecho, a través del Pacto de San José, en la Convención Americana de Derechos Humanos que México está obligado a respetar y en la que se establece que las personas sólo serán privadas de su libertad en base a los preceptos constitucionales, pero sistemáticamente todos los jueces en estos casos, que no ameritan la prisión preventiva oficiosa, mantienen presas a las personas por orden del Ejecutivo.
Dijo que la Corte señala que está forma de actuar de las autoridades es la peor perversión que hay por negarle el acceso a la justicia a las personas.
En relación al caso del empresario parralense Otto Valles, el abogado dijo que hay dos amparos ya ganados en los que se establece que no existe la comisión de algún delito y que en las dos últimas audiencias cautelares la juez Martha Holguin se negó a la revisión de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, lo que es un absurdo legal, para conceder la ampliación del plazo por seis meses más y la medida cautelar de prisión preventiva a una persona que no tiene por qué estar en la cárcel.
Asimismo, dijo que también se ha apelado a la condición de salud del empresario Otto Valles, que por ser hipertenso y presentar obesidad, es de las personas que están en el grupo de alto riesgo ante el Covid19, para que se le permite enfrentar el proceso en libertad, a lo que se ha negado aduciendo que corre más riesgo en su casa que ahí confinado en el Cereso.