“El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia” (Bess Mayerson).
Por FerMan
En el informe sobre derechos humanos y corrupción de diciembre de 2019, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estima que los principales factores que facilitan la corrupción son de doble naturaleza, la institucional y la cultural. En ese sentido podemos indicar que los factores institucionales que fomentan la corrupción son: a) La debilidad institucional del Estado, que se caracteriza por su incapacidad de cobertura territorial y por instituciones incapaces de cumplir plenamente con sus funciones; b) El monopolio o concentración de poder en áreas con alto impacto económico o social, donde se manejan recursos o se toman decisiones con impacto político y social; c) El amplio espacio de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de agentes estatales con respecto al cumplimiento de sus obligaciones; d) La falta de control de los actos de la autoridad, lo que se basa en poca transparencia y rendición de cuentas en torno a las decisiones adoptadas por la autoridad, así como en la naturaleza secreta de la corrupción; y finalmente, e) El alto nivel de impunidad, ello permite que actos o sistemas de corrupción operen sobre la base de garantías de que el costo de la corrupción es ampliamente superado por los beneficios obtenidos.
Como vimos en la publicación anterior, la impunidad se garantiza en la medida que los actos no se investigan y si se investigan, no se sancionan y si se llegan a sancionar, las consecuencias son desproporcionadas en relación al beneficio obtenido.
Esta amplia discrecionalidad sin debido control y rendición de cuentas es fuente de posibles actos de corrupción. En cuanto al segundo factor que facilita la corrupción en los países latinoamericanos, su naturaleza es de índole cultural, factores que permiten y fomentan que la corrupción se haya instalado en nuestros países, y que guardan relación con una cultura de tolerancia frente a la corrupción y particularmente, una cultura de la ilegalidad, donde el respeto de las leyes, de las instituciones, de la confianza depositada por la ciudadanía en las autoridades es desvalorizada socialmente.
En consecuencia a dicho factor de tolerancia de la corrupción, es necesario e indispensable que las políticas públicas de los gobiernos y sobre todo de nuestro País, establezcan desde la educación básica la materia de cultura de la legalidad, donde se enseñe a nuestros niños la importancia de respetar las leyes, las instituciones y las autoridades, a efecto de que se viva en armonía y se pueda asegurar que se está en un Estado de Derecho.
Asimismo, podemos indicar que, para llegar a implementar una cultura de legalidad, se puede lograr a través de una participación más activa de la ciudadanía en las decisiones de las autoridades, de mecanismos más efectivos de transparencia, de controles legales y sociales más eficientes para la rendición de cuentas y de facilidades para garantizar el derecho de acceso a la información.
En este sentido, también podemos señalar que el derecho penal y el derecho privado suponen la adopción de medidas de represión y reparación para combatir la corrupción, cuando esta ya se ha realizado, sin embargo, también es necesario trabajar y mucho, en la prevención, y aquí es donde también ayuda la promoción y el fortalecimiento de la implementación de una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos, lo cual sin lugar a dudas, constituyen una medida preventiva en la lucha contra la corrupción.
Entonces, en síntesis, promovamos desde nuestro espacio y ámbito de influencia una cultura de legalidad.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.