La titular de la Función Pública debe predicar con el ejemplo
Por CACHO
Un reportaje de Mario Gutiérrez Vera, presentado por Carlos Loret de Mola en la plataforma Latinus, titulado “El Regalazo para Irma Eréndira”, levantó ámpula en el medio político federal, de tal virulencia, que incluso la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lanzó lo que se aprecia como una amenaza contra Loret.
En el reportaje se da a conocer el patrimonio que Sandoval Ballesteros consiguió conformar con su esposo, el investigador de la UNAM, John M. Ackerman, que se compone de seis propiedades inmobiliarias, incluyendo un terreno que en 2007, el entonces Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón, le regaló a la hoy funcionaria, sin que tuviera que pagar un sólo centavo, incluso por la inscripción de la propiedad.
Los otros cinco bienes inmobiliarios, que sumados al mencionado anteriormente, componen un patrimonio cercano a los 60 millones de pesos a valor actualizado (cantidad cinco veces superior a la reportada en su declaración de bienes como integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador) fueron adquiridas por la pareja, de contado, en un periodo de nueve años.
Fue entre 2004 y 2013 cuando la pareja académica, ella coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia, de la UNAM, mientras que su esposo, Ackerman, trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma casa de estudios, adquirieron de contado cinco propiedades, de acuerdo con lo expresado por la secretaria Sandoval Ballesteros en su declaración patrimonial.
En dicho documento se asienta que la hoy encargada del combate a la corrupción y su esposo, que tenían entonces salario de académicos, adquirieron en copropiedad seis inmuebles que en su conjunto suman un total de 9 millones 255 mil pesos, aunque debió declarar el valor actual que asciende, de acuerdo con tabuladores de precios de las zonas donde se ubican los predios, que es de alrededor de 60 millones de pesos.
Para ello, Irma Eréndira se escuda – se menciona el reportaje de Gutiérrez Vera –, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que le permite reportar tres fincas y dos departamentos con los precios de adquisición, que fueron consultados en los registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México y de Morelos (una finca se ubica en Tepoztlán, en ese estado).
Cuando en 2004 Sandoval y Ackerman compraron una vivienda en Coyoacán y pagaron cuatro millones de pesos por ella, ambos tenían 30 años de edad e Irma Eréndira tenía apenas cuatro meses trabajando como investigadora titular de la UNAM, según consta en su declaración patrimonial.
En esos tiempos, el sueldo de un investigador de tiempo completo titular “C” de la UNAM ascendía a 28 mil pesos mensuales y los aumentos anuales entre 2005 y 2009 fueron de apenas unos cientos de pesos y no llegó apenas a representar entre todos, un alza de cinco por ciento, de acuerdo con un tabulador elaborado por el Seminario de Educación Superior de la UNAM.
Pero esos salarios no impactaron en la pareja pues en febrero del 2009, adquirió un departamento en un millón sesenta mil pesos, se lo compraron a Pablo Amílcar, hermano de Irma Eréndira. En ese mismo año, se hicieron de una cuarta propiedad: un departamento con valor de 570 mil pesos.
Ya en 2010 los esposos se hicieron de otro departamento, por el que pagaron un millón 615 mil pesos de contado y para 2013, compraron la quinta “Las Bugambilias”, una casa de descanso en Tepoztlán, Morelos, por la cual, pagaron de contado la cantidad de dos millones de pesos.
Nada hay de malo en incrementar el patrimonio familiar, pero con los salarios devengados por la pareja y las compras hechas al contado, según consta en los documentos públicos oficiales, dejan mucho a la imaginación.
Luego, ante lo que consideró un ataque, la encargada de perseguir la corrupción, reaccionó mediante un mensaje en Twitter en el que dice textualmente:
“No permitiré que los sicarios mediáticos manchen mi nombre ni el de mi familia.
Esta lucha va en serio y hasta el final”
Un tono amenazante utilizado por una funcionaria de primer nivel para evitar hablar sobre su patrimonio, que por ley, debe ser transparentado y que se ampara en que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le permite reportar los bienes inmuebles con los precios de adquisición sin que sea necesaria una actualización de los costos de las propiedades.
Sin embargo, la misma Ley, en el artículo 60, detalla que incurrirá en enriquecimiento oculto el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. Esta falta administrativa, dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se sancionará con inhabilitación de cinco a diez años.
Muchos quisiéramos, creo yo, acrecentar el patrimonio en la medida de la pareja Sandoval-Ackerman, aunque siendo realistas, se ve muy lejano poder hacerlo con los sueldos que devengaban en ese entonces.
Además, Sandoval Ballesteros, en su calidad de integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), votó el 7 de agosto de 2019 a favor de cambiar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios, modificación a la que se acogió para dejar de transparentar los bienes inmuebles que tiene en copropiedad con su esposo.
¿Qué motivos tenía la encargada de combatir la corrupción de buscar opacidad? ¿Oculta algo?
Con esa modificación, se estableció que “no será susceptible de publicidad y se considerará como información clasificada” información como los bienes declarados a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que sean en copropiedad con el declarante.
Ese acuerdo se publicó en septiembre de 2019, lo que también favoreció a Manuel Bartlett Díaz, a tres semanas de que en un trabajo periodístico publicado en El Universal, se le adjudicaba la posesión de 23 casas, que después dijo el director de la CFE pertenecían a sus familiares y a su pareja sentimental, que “no es su esposa, ni su novia, ni concubina”, por lo cual, la Secretaría de la Función Pública, que según informó, llevó a cabo una exhaustiva investigación, exoneró en diciembre de 2019 a Bartlett Díaz.
Si como dice el presidente López Obrador, “no nos comparen que no somos iguales”, ya se le van juntando a miembros de su gabinete las coincidencias con los funcionarios públicos del pasado. Por eso aquí y ahora, es el momento para exigir que la encargada de combatir la corrupción, “no tenga cola que le pisen”, que para los mal pensados, es lo que pretende ocultar con su patrimonio inmobiliario.
Es aquí donde hay que preguntarse, como reza la sabiduría popular:
¿Pusieron al coyote a cuidar el gallinero?
Pues, se tenía que decir… y se dijo.