LA CORRUPCIÓN…MATA

“El cómplice del crimen de la corrupción es generalmente nuestra propia indiferencia” (Bess Myerson).
Por FerMan

El combate a la corrupción, al igual que la defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la Cultura de la Legalidad, requiere coraje, compromiso y una alta dosis de valor, pues generalmente, quienes denuncian actos de corrupción, son víctimas de amenazas, hostigamientos y en algunos casos, de graves violaciones a sus derechos humanos, como el derecho a la vida, entre otros.
El Informe de 2019 titulado “Corrupción y Derechos Humanos” elaborado y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala la importancia del por qué los Estados que realmente quieren combatir este flagelo, “deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas y testigos que denuncian actos de corrupción”, lo cual es indispensable para que cualquier ciudadano, al saber que cuenta con una protección oportuna y eficaz, que le garantice que no será objeto de represalias, pueda denunciar ante las autoridades competentes, posibles actos de corrupción; sin embargo, por desgracia, en la mayoría de los países latinoamericanos, no se cuenta con un programa de protección que cumpla con los estándares internacionales que coadyuve con el Sistema de Justicia para dar seguridad y proteger a quienes denuncian conductas que atentan contra el Estado de Derecho.
Asimismo y continuando con el análisis del informe de la CIDH, en cuanto al combate a la corrupción, en el mismo se indica que, “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la publicación de información por la prensa y el trabajo de periodistas constituyen instrumentos eficaces para el control ciudadano de las autoridades en la lucha contra la corrupción”. Es en esta parte del informe que me permito abundar en el tema de manera más amplia por la gran relevancia que tiene la libertad de expresión, entendiendo esta como “aquella condición esencial para la existencia de una sociedad democrática y plural, y que no puede ser coartada de ninguna manera, principalmente cuando se emite información que descubre o hace públicos actos de corrupción”.
En dicho contexto y con gran preocupación lo externo que, cuando un periodista o medio de comunicación revela actos de corrupción al interior de una administración de gobierno, se vuelve blanco de ataques, amenazas e intimidaciones para que deje de emitir dichas publicaciones, lo cual sin lugar a dudas, es un grave atentado contra la libertad de expresión y un mensaje negativo a la sociedad en general, lo cual los Estados deben evitar en todo momento.
No obstante, los ataques e intimidaciones a periodistas que con valentía hacen públicos fenómenos criminales de corrupción, muy frecuentemente les endilgan todo tipo de imputaciones, la mayoría de las veces sin fundamento y para muestra, en nuestro país, se ha hecho público un fenómeno en ese sentido, me refiero a lo publicado por varios periodistas y medios de comunicación con respecto a la agencia Notimex y su titular, quien de acuerdo a entrevistas de varias personas involucradas, dicha agencia de noticias del Estado Mexicano instrumentó ataques en redes sociales contra periodistas y críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, circunstancia que sin lugar a dudas, lesiona gravemente y debilita sustancialmente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; esto apenas es la punta del iceberg de un gobierno totalitario, que se muestra “democrático” ante la opinión pública, pero que utiliza los más arcaicos métodos para combatir o eliminar a sus oponentes.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.

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