“Somos responsables, porque somos libres” (Jaime Balmes)
Por FerMan
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción “es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como el derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”. Considerando dichas características el fenómeno de corrupción no es nuevo en la región latinoamericana.
Desde hace décadas se han registrado innumerables casos de corrupción que han impactado distintos gobiernos de las Américas. Además, la corrupción se ha constituido en una práctica permanente que ha afectado las condiciones de vida de la población de todo el hemisferio. Las cifras disponibles al respecto son de naturaleza aproximada, dado que el fenómeno de la corrupción, por sus características es de muy difícil cuantificación.
No obstante de acuerdo al Foro Económico Mundial, los montos involucrados ascienden aproximadamente al 5% del producto interno bruto mundial. Este fenómeno en Latinoamérica moviliza recursos que afectan seriamente la posibilidad de los Estados de cumplir con sus funciones de garantía y protección de derechos, en particular los DESCA y, además afecta una seria de derechos humanos de las personas y poblaciones, especialmente las personas en situación de vulnerabilidad.
En dicho contexto no resulta factible construir democracias sólidas y con pleno respeto a los derechos humanos si no se da una seria lucha contra la corrupción. Por ello, lo más importante es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Como lo hemos mencionado en anteriores publicaciones, el primer instrumento internacional creado para enfrentar el fenómeno de la corrupción ha sido la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada el 29 de marzo de 1996 en los países de la OEA, la cual entró en vigor el 3 de junio de 1997 y a la fecha cuenta con la ratificación de todos los Estados miembros, salvo Cuba.
Es importante señalar que el preámbulo de la mencionada Convención contra la Corrupción, indica que su fundamento radica “en la necesidad de fortalecer y salvaguardar la democracia como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de cada País”, de ahí que Cuba no la haya aceptado su ratificación. Derivado de la Convención contra la Corrupción, se ha creado el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, (MESICIC), el cual tiene por objetivo promover la implementación de la Convención y contribuir a sus propósitos, dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte y analizar la forma en que son implementados.
Asimismo, facilitar el intercambio de información, experiencia y buenas prácticas, así como la armonización de las legislaciones de los Estados Parte. En dicho contexto hemos de concluir que si México no conserva las instituciones democráticas, pronto tendremos una anarquía total, la cual permitirá enraizarse mas la corrupción entorpeciendo el respeto a los derechos humanos más elementales y dando paso a un Estado Autoritario, como desafortunadamente ya lo estamos viendo en el gobierno de AMLO, quien últimamente le ha dado por atacar instituciones claves en el combate a la discriminación y sobre todo, en el apoyo a las víctimas de delitos federales y de violaciones graves a derechos humanos, como lo son el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal (CEAV), respectivamente.
La CONAPRED es un organismo creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual fue aprobada el 29 de abril de 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del mismo año bajo el Presidente Vicente Fox; la CEAV, de más reciente creación, surgió de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013.
Ambas Instituciones fueron creadas para fortalecer y coadyuvar en la prevención y erradicación de la discriminación y en el apoyo a las víctimas de delitos federales y de violaciones graves a sus derechos humanos, lo cual por lo acontecido en días pasados, al gobierno federal actual, nada de ello le importa.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.