“La corrupción de lo mejor, es lo peor” (San Jerónimo).
Por: FerMan
Entre las investigaciones realizadas por la CICIG, se encontraban aquellas que involucraban a funcionarios de los tres poderes de gobierno, por supuesto, entre ellos del Poder Judicial. Este tipo de corrupción es el que más lastima a la sociedad, debido a que, por ley, quienes deben garantizar la legalidad de la actuación de los servidores públicos, desafortunadamente, eran quienes violentaban el Estado de Derecho.
Las investigaciones de ilícitos cometidos por jueces y otros operadores de justicia, como fiscales y abogados litigantes, merecen especial atención ya que sus conductas anómalas contaminan la aplicación de la ley y la imparcialidad de la justicia, y la pena debe ser mayor debido a que utilizan sus conocimientos jurídicos, su posición y su influencia para torcer la ley y fomentar la corrupción.
La evidencia de enriquecimiento ilícito o de participación directa en redes ocultas de procuración de impunidad, constituyen un riesgo para toda democracia ya que el sistema de justicia debe ser el garante con el que la sociedad cuenta frente al delito y los abusos de poder.
En este aspecto, tenemos que la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas establece que: “Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial”.
Bajo esta premisa, todos los países del mundo, pretenden consolidar un sistema judicial cuyos pilares sean la independencia y la autonomía de las instituciones que lo conforman, pero por desgracia, en muchas naciones vemos lo contrario.
En dicho contexto, la CICIG había perseguido varios fenómenos que inducían a la cooptación del sistema de justicia y de sus operadores, identificando estructuras o mecanismos que menoscababan directamente la imparcialidad e independencia de los juzgadores, teniendo consecuencias graves sobre las garantías y protección judiciales.
La Comisión logró identificar fenómenos criminales en este rubro, tales como: – La manipulación de las investigaciones y evidencias en casos penales, implicando a fiscales y abogados. – El tráfico de influencias directo hacía los jueces en el ejercicio de sus funciones. – El proceso viciado de selección de jueces. – La intervención de otros actores que impedían que la justicia avanzara y realizara su propósito. – La corrupción enraizada en el Ministerio de Gobernación y las graves violaciones a los Derechos Humanos.
Dichos fenómenos convergían hacía un mismo fin: afectar la justicia para favorecer a personas e intereses privados, fomentar la impunidad y preservar el statu quo. En posteriores publicaciones mencionaremos algunos de los casos en específico que la CICIG sacó a la luz pública, donde se involucran en hechos delictivos a operadores del sistema de justicia.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.