“No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor” (Albert Einsten).
Por: FerMan
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logró descubrir redes criminales que tejían día a día actos de corrupción, lo cual les generaba total impunidad. Me permito transcribir parte de lo que mencionaba el Comisionado Iván Velásquez con respecto a la corrupción que se observaba en cuanto a la política: “El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia en Guatemala”. Lo anterior porque la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales había sido uno de los temas que más generaba debate en Guatemala.
En ausencia de una debida transparencia se producía un efecto nocivo sobre la legalidad y legitimidad de las instituciones políticas del país, afectando las condiciones de democracia real y consolidación del estado de Derecho. Las investigaciones preliminares adelantadas por la CICIG recopilaron información de bases de datos abiertas, revisión de expedientes adelantados por el Ministerio Público, análisis de resultados de procesos de elección popular en 2007, 2011 y 2015, ubicación de zonas geográficas donde operan organizaciones criminales y entrevistas rendidas por pobladores de esas regiones.
Por eso es que el Comisionado Velásquez, tal como lo refirió Martha Doggett de Naciones Unidas, llegó al país de Guatemala con un conocimiento profundo de la naturaleza de la criminalidad guatemalteca y de las características de los criminales en el país, basado en su experiencia y larga trayectoria que había tenido en su natal país de Colombia.
El Comisionado trabajó desde el comienzo con una dedicación y entusiasmo muy impresionantes, preparando un plan de trabajo, con una agenda de prioridades muy importantes, entre ellos por supuesto, el financiamiento de las campañas políticas, lo cual generó casos fuertes que tuvieron trascendencia a nivel mundial.
De lo anterior se sistematizó información sobre presunta financiación ilícita y/o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal y consecuentemente se iniciaron investigaciones que permitieron estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito de campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales.
Como ya lo expusimos en publicaciones anteriores, uno de los casos que reveló la podredumbre que existía en los actores políticos fue el caso “Cooptación del Estado” el cual mostró cómo el modelo investigativo de conexión de hechos permitió distribuir la información derivada del caso “La Línea”, procesar grandes cantidades de datos y obtener medios probatorios en contra de una estructura criminal liderada por el ex presidente y la ex vice presidenta en turno.
Luego del análisis criminal y financiero de la documentación incautada en el caso “La Línea”, se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de dinero meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido que ganó las elecciones el año 2011. Reconstruidos los movimientos bancarios de esas entidades, se descubrió que desde antes de 2011, a través de empresas de cartón, fueron destinadas sumas millonarias que provenían de comerciantes, grupos empresariales vinculados a medios de comunicación, empresarios de la construcción y banqueros, entre otros.
Este dinero se destinó para pagar gastos de logística y publicidad de la campaña que llevó al Partido Patriota a la Presidencia de la República, sin ser declarados al Tribunal Supremo Electoral. Los registros contables del mismo grupo de empresas de cartón mostraron el sistema de facturación falsa generado para aparentar legalidad al ingreso de los recursos financieros.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la CICIG realizaron una investigación y análisis minuciosos que permitieron establecer que el entonces presidente y la vicepresidenta fueron los creadores y beneficiarios de un conglomerado empresarial que por medio de prestanombres, ambos recibieron beneficios de todo tipo, desde pagos de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, joyas, hasta la compra de aviones, helicópteros, lanchas, terrenos, fincas, entre otros.
Para llegar a ello, se recibieron un centenar de declaraciones ministeriales de socios y representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios. El caso llevó a la conclusión que no se trataba de actos de corrupción aislados, sino de una red político-económica ilícita que había cooptado varias instituciones claves del Estado, utilizando un esquema financiero en aparente legalidad cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de sus miembros.
“Fiat Jutitiae, Pereat Mundus”.