“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Simón Bolívar.
Por: FerMan
El combate a la corrupción es un tema tan trillado entre los políticos que muchos ciudadanos han perdido la esperanza de que realmente sea erradicada. Peor aún, cuando se vive en un País donde impera una cultura de ilegalidad. Así se encuentran muchas de las naciones latinoamericanas, desesperanzados por ver cómo todo el sistema político de su patria está corrompido.
Sin embargo, como ya lo hemos expuesto en anteriores publicaciones, se han creado, en algunos de estos países, Comisiones de expertos en investigaciones auspiciadas por Organismos Internacionales que han sido muy efectivas en el combate a la corrupción, en ese contexto fue que se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la cual despertó la confianza en el ciudadano de que sí era posible combatir la corrupción.
La CICIG realizó varias investigaciones de alto impacto que hizo que los ciudadanos de Guatemala confiaran nuevamente en que la justicia podía aplicarse sin importar estratos sociales, políticos o económicos.
Entre las investigaciones que desarrolló la CICIG, además de las mencionadas con anterioridad, se encontraban aquellas donde se involucraban delitos conexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Esas investigaciones ponían de manifiesto la penetración que organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico habían tenido en ese País, así como los vínculos de éstas con los agentes del Estado.
Los casos investigados incluían asesinatos violentos, tanto de presuntos implicados como de personas que pretendían ingresar al territorio controlado por un rival y obstaculizar sus operaciones, personas que transportaban droga o dinero en efectivo proveniente de la venta. Esas organizaciones contaban con la capacidad de intimidar a las víctimas y testigos para que cambiaran sus testimonios.
Esas investigaciones dieron como resultado operaciones conexas, tales como el lavado de dinero en bancos del sistema y la utilización de prestanombres para ocultar los ingresos ilícitos. Utilizaron herramientas tecnológicas para el manejo de datos masivos y de instrumentos internacionales en la lucha contra dicho flagelo.
Al hablar de una investigación donde se involucra al narcotráfico, conlleva indiscutiblemente al delito de lavado de dinero, y en estos casos, se veían involucrados, políticos y funcionarios que apoyaban las actividades del crimen organizado. Uno de esos casos era el denominado “Amatitlán”, el cual estaba compuesto por una estructura criminal que fue identificada a partir de un enfrentamiento armado sucedido en el municipio de Amatitlán en abril de 2009 entre agentes policiales y presuntos narcotraficantes, en el que resultaron muertos cinco policías.
En este caso, los altos mandos policiales pretendían apoderarse de la droga de grupos del narcotráfico y garantizar la impunidad de sus agentes policiales. Sin embargo, las investigaciones lograron llevar a los tribunales a altos mandos policiales y varios agentes, a quienes se les acuso por los delitos de asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de droga, así como obstrucción de la justicia, entre otros.
Las investigaciones de lo ocurrido en Amatitlán, llevó al Ministerio Público a allanar varias propiedades en las que se descubrieron documentos con información de transacciones financieras efectuadas por una organización dedicada al narcotráfico y que iban a parar a las cuentas de funcionarios públicos, a quienes también se les finco la responsabilidad por complicidad.
Asimismo, al profundizar en las investigaciones, se descubrieron diversos grupos de narcotraficantes que tenían nexos con otros países y así mismo, tenían vínculos con las corporaciones policiales. Lo anterior se dio gracias al cruce de datos de inteligencia, escuchas telefónicas e informantes.
Como resultado de las investigaciones, se determinó que había comisarias policiales vinculadas a grupos criminales dedicados al narcotráfico, quienes conjuntamente cometían varios delitos, entre ellos usurpación y despojo de tierras, asesinatos y sicariato, esto último lo utilizaban para eliminar a su competencia e intimidar tanto a ministerios públicos como a jueces para que no prosperaran las investigaciones en su contra.
No obstante, gracias a las exhaustivas investigaciones que en conjunto el Ministerio Público y la CICIG realizaron, varios de los integrantes de estos grupos criminales fueron condenados por los delitos cometidos.
“Fiat Justitiae, Péreat Mundus”.