“La ausencia de una investigación seria, imparcial y efectiva, genera impunidad”. (anónimo).
Por: FerMan
En la anterior publicación ofrecimos la introducción de la investigación de uno de los casos más ilustrativos en el combate a la corrupción e impunidad que involucraba a altos mandos del gobierno de Guatemala, y cómo la extinta CICIG logró desenmascarar a todos los integrantes de esa Red Política-Económica Ilícita, nos referimos al caso conocido como “La Línea”.
Ahora mencionaremos a groso modo su modus operandi. Las investigaciones iniciaron entre 2012 y 2013, con sospecha de la existencia de un grupo de importadores que tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas del país.
En el 2014, se interceptó una llamada clave en la que se indicaba cómo operaba el sistema denominado por ellos mismos como “La Línea”. En ese momento, se mencionaron los primeros nombres y surgió el primer modus operandi en el que se incluía el suministro de un número telefónico, la ubicación de responsables en cada aduana, las tablas de aranceles y precios para el pago de sobornos –para liberar la mercadería-, el cual lo realizaban particulares con experiencia en el funcionamiento aduanal y en algunos casos, en tareas de inteligencia, particulares que ejercieron determinadas funciones para que la estructura funcionara sin complicaciones por medio del control de cargos operativos en la SAT y en cargos directivos.
Interna y externamente los mandos medios controlaban que nadie alterara el esquema de trabajo y se rendía cuentas a miembros superiores. Todo esto minuciosamente elaborado por medio de esquemas financieros de reparto de ganancias y control en la ubicación de puestos clave.
Esta red criminal contó con todo un aparato de impunidad que lograba accionar cuando sus negocios o la propia estructura estaban en riesgo, lo que evidenció otro caso denominado “Bufete de la Impunidad” que involucraba a varios abogados que utilizaban su investidura para corromper a fiscales, testigos y jueces, y que demostró el grado de cooptación de algunos operadores de justicia en complicidad con altos actores políticos.
Conforme avanzó la investigación de “La Línea”, se estableció que una parte de esa estructura estaba integrada a su vez por particulares que se comunicaban y daban órdenes a miembros de la SAT.
Las interceptaciones telefónicas, el análisis de miles de documentos y los seguimientos, evidenciaron entonces una estructura dentro de la SAT, otra estructura externa y arriba de ambas un operador clave para su funcionamiento, el secretario privado de la entonces vicepresidenta, mismo que una vez que fue descubierto, se convirtió en colaborador eficaz, y fue quien reveló y proporcionó documentos, no solamente de cómo y quiénes habían participado en “La Línea”, sino también de otros esquemas de corrupción donde involucraba a su jefa y otros funcionarios de alto nivel del gobierno en turno, lo que permitió llevar nuevos casos ante el poder judicial, como el ya mencionado “Bufete de la Impunidad”.
Como muestra de lo que implica una investigación de esa magnitud y para sostener ante los tribunales judiciales las acusaciones contra los involucrados se realizaron miles de actividades de investigación, entre ellas: •88,920 análisis de sesiones de intercepciones telefónicas, •El secuestro judicial de 5,906 correos electrónicos, •El examen de 175,000 documentos recuperados por extracciones forenses, •100 requerimientos de informes de instituciones, •17 allanamientos, •La revisión de 650,000 folios, documentos encontrados en allanamientos, y de 2,814 declaraciones de mercancías, •El análisis de desplegados telefónicos y agendas telefónicas, •El requerimiento de información financiera sobre al menos 100 personas y 22 empresas, entre otras.
Es así que, a pesar de la complejidad del caso denominado “La Línea”, la CICIG, pudo demostrar que a través de una investigación objetiva, imparcial, efectiva y seria, se pudo llevar al banquillo de los acusados a quienes se creían intocables, en este caso, a la Vicepresidenta y al Presidente en funciones de esa Nación. Este fue uno de los casos que reveló cómo la corrupción puede cooptar todo un gobierno para beneficio de unos cuantos y en perjuicio de todos los ciudadanos.
He ahí la importancia de contar con instituciones independientes y sólidas para la investigación, persecución e impartición de justicia y asimismo, la exigencia de contar con investigadores comprometidos con el combate de la corrupción e impunidad.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.