“La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera, son todas las virtudes”. Marco Tulio Cicerón.
Por: FerMan
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, en conjunto con el Ministerio Púbico, investigó delitos de corrupción tan graves que estremecieron las columnas de la justicia, delitos que pusieron a prueba todo el sistema de justicia penal vigente en Guatemala.
Como ya lo hemos mencionado, de acuerdo a los informes rendidos por el Ente Internacional, los delitos asociados a la corrupción, además de afectar el patrimonio del Estado, plantean una amenaza a la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley de una Nación.
Vulnera, asimismo, el correcto funcionamiento del Estado, el cumplimiento de sus fines y la integridad de los funcionarios encargados de velar por el correcto uso del presupuesto del Estado.
Los delitos de corrupción han sido de difícil investigación, no sólo por la facilidad que los funcionarios involucrados tienen para manipular o destruir la evidencia sino también por la capacidad de ejercer presiones sobre posibles testigos, investigadores y juzgadores para que su delito quede impune. La mayor dificultad en la investigación de los delitos de corrupción, entre ellos los de carácter económico, como lavado de dinero o fraude, es que en ellos no se tiene una escena del crimen. En vez de esta, se encuentran contratos, títulos de valores, transferencias bancarias, entre otras, todo con apariencia de legalidad, de modo que son los peritos contadores, auditores o analistas financieros quienes deben encontrar las falsedades, los ardides o la simulación de las operaciones, para descubrir evidencia física o prueba de cargo en esos documentos.
Además, los casos por corrupción administrativa presentados ante los tribunales de justicia, por la profundidad de los esquemas utilizados para cometer los delitos y la relevancia institucional de los autores, permiten afirmar que la corrupción es el común denominador de las relaciones político-institucionales y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, cuando éstos actúan como proveedores de bienes y servicios.
En otras palabras, en Guatemala, como en la mayoría de los países latinoamericanos, y en México por cierto, no es la excepción; la corrupción ha moldeado todas las relaciones del Estado, esto es, las ha transformado creando una cultura de ilegalidad en el quehacer diario de la función pública.
Como se ha venido señalando en publicaciones anteriores, el fenómeno de la corrupción es alarmante en Latinoamérica y afecta tanto los ingresos del Estado como su legitimidad. Lo anterior, no fue desconocido por los investigadores de la Comisión Internacional, por lo que priorizaron líneas de investigación para apoyar al Ministerio Público en la identificación de redes de corrupción en la administración pública que incluía vínculos con estructuras criminales.
Esas investigaciones permitieron identificar prácticas corruptas y las circunstancias que las podrían favorecer. Se investigaron casos relacionados con el tráfico de drogas y de gasolina, en áreas de contrabando aduanero que incluía fronteras y puertos. En uno de los casos, se realizó una exhaustiva investigación sobre la existencia de estructuras criminales que operaban en las fronteras terrestres Guatemala-México y Guatemala-El Salvador, en las cuales, con complicidad de funcionarios aduanales, se permitía el tráfico de combustible sin ningún control, utilizando documentos aduaneros falsos y en complicidad con elementos policiales que cubrían la ruta de paso de las pipas para que se trasladaran sin ningún problema a las zonas de descarga.
Para estos casos se utilizaron métodos especiales de investigación, como la colaboración eficaz y la interceptación de comunicaciones, lo cual permitió demostrar de manera irrefutable, la forma de actuar de los miembros de las organizaciones criminales involucradas.
Lo mismo se investigó en puertos marítimos y terrestres, donde desafortunadamente, quien debía por ley vigilar que los trámites se realizaran conforme a derecho, eran lo que se encontraban involucrados en los hechos criminales, esto es, los funcionarios de las corporaciones de seguridad pública y aduanales.
En este tipo de investigaciones, al realizar diligencias de allanamientos, tanto en domicilios particulares como en dependencias públicas, los investigadores encontraban pruebas tan contundentes que no había lugar a dudas del modus operandi de dichas estructuras criminales y que además, permitía extender las investigaciones hacía otros cómplices.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.