“Hay quienes no están acostumbrados a la cultura de la justicia”. (Ban Ki-moon).
Por: FerMan
Continuando con los casos publicados por la extinta CICIG, encontramos que dicho Ente Internacional, en conjunto con la Fiscalía del Ministerio Público, participó en la investigación y persecución de varios casos de trata de personas con fines de adopciones irregulares, agrupados en varios casos.
Según lo informado por el Organismo Internacional, el modus operandi de estas redes criminales era que a través de Notarios o intermediarios conseguían a los niños directamente de las madres biológicas, mediante la promesa de lucro, engaño o aprovechándose de la vulnerabilidad de las progenitoras.
Los niños eran entonces ofrecidos a padres adoptivos extranjeros, utilizando agencias internacionales que servían como enlace. Ubicados los futuros tutores interesados en las adopciones y luego del pago de una elevada suma de dinero, se tramitaba la entrega por la vía notarial.
Cuando no se contaba con el consentimiento viciado de los padres biológicos, los niños eran robados con la participación de abogados, registradores civiles y funcionarios municipales, quienes falsificaban documentos y alteraban el estado civil de las personas. Otra modalidad investigada fue el ‘lavado de niños’, que tenía por objeto ocultar las ilegalidades cometidas para garantizar la impunidad de los miembros de la red criminal y evitar que los menores pudieran ser localizados o reclamados por sus padres biológicos con posterioridad.
Se falsificaban documentos para alterar u ocultar la identidad de los pequeños, para evitar presentarlos como infantes vulnerados de sus derechos y evitar que acudieran a un proceso de protección al amparo de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. En complicidad con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, se dejaba pasar expedientes con irregularidades y no se verificaban los datos consignados a cambio de beneficios económicos indebidos.
En el poder judicial, los jueces participantes de la estructura criminal declaraban el abandono del niño y su adoptabilidad, último requisito para la procedencia de la adopción, como forma de revestir de aparente legalidad todo lo actuado por los demás intervinientes de la red criminal en el trámite irregular de la adopción.
Como otro modus operandi, la estructura criminal falsificaba documentación para evitar obstáculos que harían inviable la adopción, tales como ocultar la minoría de edad de la madre, matrimonio de la misma, reconocimiento del niño por parte del padre, entre otros, interviniendo funcionarios de los registros civiles y médicos para la obtención de documentación falsa.
Asimismo, se hacía uso del tráfico de influencias para, con fraude de ley y en complicidad con funcionarios públicos, realizar procesos de adopción cuando no se cumplían con los requisitos legales. Hacían acuerdos con funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social quienes, no obstante haber entregado al niño a la familia adoptante, realizaban declaraciones de familia sustituta a favor de personas que supuestamente albergaban al niño, lo cual era totalmente falso.
Las organizaciones criminales involucradas en las adopciones ilegales tenían capacidad de infiltrarse en el sistema judicial. Desafortunadamente, aquellos jueces que deberían controlar la legalidad de los procesos judiciales, cumplían la función de procurar impunidad en estos hechos tan lamentables. A varios integrantes de esta Red Criminal se les imputaron los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricato y denegación de justicia, entre otros ilícitos, logrando el Ente Investigador demostrar los hechos acusados y obteniendo varias sentencias condenatorias.
“Fiat Justitia, Pereat Mundus”.