Por: FerMan
“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”. Martin Luther King.
La naturaleza humana sorprende, en múltiples ocasiones para maravillarnos, pero en otras veces para horrorizarnos. La historia de la humanidad está plagada de ambas. Pero en la actualidad constantemente nos enteramos, a través de los medios informativos, de sucesos que superan toda ficción.
Desafortunadamente, la gran generalidad de ellos se presentan a consecuencia de actos de corrupción, cometidos por aquellos que violentan todo ordenamiento jurídico con el fin de obtener para sí y para sus cómplices, beneficios económicos o políticos y de toda índole, en menoscabo de la población en general, violando derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los delitos asociados a la corrupción, además de afectar el patrimonio del Estado, plantean una amenaza a la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Vulneran el correcto funcionamiento del Estado, el cumplimiento de sus fines y la integridad de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y velar por el correcto uso del presupuesto del Estado.
En ese contexto, al revisar los primeros casos que fueron hechos públicos por la CICIG, sugieren que se centraron en la criminalidad que afectaba a la institucionalidad de seguridad y justicia del país, como lo son el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional.
Con dicho antecedente, se mostrarán las distintas expresiones criminales que la CICIG investigó y persiguió judicialmente, presentándose algunos casos paradigmáticos que sintetizan la existencia de las CIACS (Cuerpos Ilegales o Aparatos Clandestinos de Seguridad) o de las redes político-económicas ilícitas, sus estructuras, formas de operar, fuentes de financiamiento, y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atentaron contra los derechos civiles y políticos en Guatemala.
La multicitada Comisión investigó casos que ilustraron cómo, dentro del despacho del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil existían escuadrones de la muerte encargados de neutralizar a presuntos delincuentes o reos condenados, haciendo limpieza social. Los casos revelaron el modus operandi de estructuras que actuaron con cierta sistematicidad y planificación desde altos niveles del Gobierno.
Dicha estructura criminal accionó del 2004 al 2007. Las autoridades de Gobernación diseñaron planes de limpieza social (Plan Pavo Real y Plan Gavilán) que contaban con una estructura paralela compleja, a la cual se asignó personal, funciones y logística, consistentes en identificar reos problemáticos para eliminarlos (Caso Pavón), recapturar reos prófugos con el objetivo de darles muerte (Caso Infiernito) o eliminar presuntos delincuentes sin someterlos a un proceso penal (Caso Mario Roberto Iboy).
Asimismo, en el caso “Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura” resultaron ejecutadas extrajudicialmente tres personas y cuatro sufrieron torturas. Posteriormente a las ejecuciones extrajudiciales, las escenas del crimen eran manipuladas para dejar apariencia de un supuesto enfrentamiento. Es así que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala reveló casos dónde murieron personas inocentes a consecuencia de actos de corrupción que por mucho tiempo generó impunidad.
En posteriores publicaciones daremos a conocer otros casos paradigmáticos investigados por el Ente Internacional que no dejan de sorprender a propios y extraños.
“Fiat Justitia, Pereat Mundus”.