LA CORRUPCIÓN…MATA

Por: FerMan
Como lo señalamos en la anterior publicación, de conformidad al artículo 5 del Acuerdo de la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Secretario General de la ONU, era el responsable de nombrar a la persona idónea para dirigir dicha Comisión.
En esta y subsiguientes publicaciones se hará referencia a la trayectoria de los Comisionados que estuvieron al frente de tan importante Organismo Internacional. Es así que después de que dicho Organismo Internacional entró en vigencia, el primer Comisionado que fue designado como titular de dicho Ente Internacional, era de nacionalidad española, nos referimos al Sr. Carlos Castresana Fernández, un excelente jurista que tuvo en sus hombros la difícil tarea de dar inicio a las facultades que el convenio de creación de la referida Comisión señalaban.
Castresana Fernández logró vencer los obstáculos que desde el principio de la creación de la CICIG surgieron por sus opositores. Durante su mandato, se estructuró el Ente Internacional de tal manera que se fortaleció con recursos humanos y materiales para la consecución de sus fines, asimismo, se firmaron e implementaron varios convenios o acuerdos de cooperación con los organismos estatales que servirían de apoyo en el cumplimiento de sus objetivos como lo fueron el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos, entre otros.
El Comisionado asumió sus funciones una vez que fue nombrado como por la CICIG. De acuerdo a la información publicada en el portal de internet de la mencionada Comisión Internacional, el Castresana Fernández contaba con una extensa experiencia como fiscal y juez en áreas directamente relacionadas con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, era miembro por oposición de la Carrera Fiscal en España y en 2005 recibió el nombramiento como Fiscal del Tribunal Supremo de dicho país.
De 1995 a 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, investigando, persiguiendo casos graves de corrupción ante la Audiencia Nacional y otros tribunales españoles. De 1993 a 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. Asimismo, laboró para la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sede en México.
En el año 2006 coordinó proyectos sobre la Prevención del Crimen y el Abuso y Uso Ilegal de Drogas en el Estado de Nuevo León, México. Además, obtuvo el título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México y Central de Chile, docente de Derecho Penal de la Universidad de San Francisco, Estados Unidos y Carlos III de Madrid, España.
Es en este periodo cuando se empieza a revelar incipientemente, a través de varios casos de investigación que salieron a la luz pública, cómo la corrupción era una de las principales causas que ocasionaba los altos índices de impunidad existente en el sistema de justicia y cómo esa impunidad favorecía a ciertos grupos de poder tanto políticos como económicos que tenían cooptado al Estado. Sin embargo, en este periodo apenas se estaba vislumbrando la punta del iceberg de la corrupción.
“Fiat Justitia, Pereat Mundus”.

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