LA CORRUPCIÓN…MATA

Sexta Parte

En esta publicación hablaremos del marco legal y de los objetivos esenciales que tenía la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Como se comentó en anteriores publicaciones, para que en el país de Guatemala pudiera operar legalmente un Ente Internacional, debía de pasar por varios procesos, en principio, determinar la constitucionalidad o no de dicho Organismo Internacional. En ese periodo de discusiones, existía mucha oposición de aquellos que temían perder sus privilegios, siendo los primeros en señalar que una Comisión de esa naturaleza vulneraría la soberanía del país y sus actuaciones caerían en la inconstitucionalidad.
No obstante, gracias a varios sectores de la población que querían un verdadero cambio en su Nación, una vez realizadas las consultas correspondientes ante las instituciones encargadas de velar por la legalidad y constitucionalidad de los actos y al dar cumplimiento a las observaciones emitidas por la misma, estas decretaron que la Comisión Internacional Contra la Impunidad NO vulneraba la soberanía del país y que sus actos entraban en la legalidad y constitucionalidad exigidas por su cuerpo jurídico.
Es así como se crea la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de la cual se lee en su portal de internet, que para darle vida al mandato y acuerdo de la CICIG, las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a su creación el 12 de diciembre de 2006, el cual, tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007. En dicho Acuerdo se indicaba que la CICIG tenía como objetivo apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado, encargadas de la investigación y persecución de los delitos cometidos por grupos criminales que habían infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados al momento por dicha Nación. Es así que la CICIG se constituye en una Comisión Internacional independiente, creada a través del Acuerdo entre la ONU y el país requirente.
Para cumplir sus funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG estaba facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG estaba facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también estaba facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandando de la CICIG y podía actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.
La CICIG estaba además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboraran en las investigaciones que se desarrollaban, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como a promover su protección ante las autoridades correspondientes.
Como podemos observar, el Acuerdo de creación de este importante Ente Internacional, justifica su creación y determina sus objetivos; en siguientes publicaciones analizaremos los artículos más relevantes que forman parte de dicho Acuerdo con la finalidad de entender y comprender el alcance que en materia del combate a la corrupción e impunidad tenía tan importante Comisión Internacional.
“Fiat Iustitia, Pereat Mundus”.

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