LA CORRUPCIÓN… MATA

Segunda Parte

En la publicación anterior mencionamos los instrumentos internacionales existentes en el corpus iuris del ámbito Universal en materia del combate a la corrupción, específicamente se hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. En ese contexto, además del ámbito mundial, a nivel regional existe la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la cual fue adoptada el 29 de marzo de 1996 y según lo dispuesto en su artículo XXV, debía entrar en vigor al trigésimo día a partir de que se hubiera depositado el segundo instrumento de ratificación, lo que sucedió el 6 de marzo de 1997.
En el artículo II de dicha Convención se establecen los objetivos fundamentales de ese instrumento internacional. Por su importancia, sobresale el hecho que como objetivo fundamental observa la preservación del régimen de gobierno democrático, que se ha hecho la regla en la región, con lo que el combate contra la corrupción adquiere relevancia dentro de las políticas públicas de los Estados firmantes.
Además, uno de los objetivos es evitar las deformaciones de la economía cuando las prácticas corruptas se utilizan para falsear la libre y sana competencia económica, como podría ser el caso de adquisición en licitaciones públicas, no de los mejores productos o servicios sino de aquellos que se vean incentivados mediante sobornos o solicitud de comisiones.
También prioriza la profesionalización de la gestión pública para evitar las prácticas corruptas. Se busca asimismo, que las prácticas generalizadas de corrupción no se hagan una costumbre que lleven a un deterioro de la moral social y a generar la percepción que la corrupción es algo normal, esto es, se evita la cultura de la ilegalidad y se incentiva a los Estados parte a fomentar una cultura de legalidad.
Debido a que se han detectado con frecuencia la existencia de vínculos entre las prácticas corruptas y el crimen organizado, sobre todo debido a la corrupción de las instituciones encargadas de la seguridad pública lo cual genera impunidad, se establece el combate a la corrupción como un mecanismo indirecto en el combate de ese flagelo criminal. Como medios para llevar a cabo sus objetivos, la Convención menciona en su artículo II el compromiso por parte de los Estados firmantes para promover, fortalecer y desarrollar los mecanismos de derecho nacional necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y para cooperar con los demás Estados parte en dicho propósito.
La Convención Interamericana Contra la Corrupción, para el cumplimiento de sus objetivos, establece obligaciones a cargo de los Estados parte esencialmente en cinco rubros: tipificación y prevención de delitos, jurisdicción y competencia de los tribunales internos, cooperación internacional, y vigilancia de la aplicación de sus normas. Para mayor comprensión de la importancia de este instrumento internacional y de los mencionados en publicaciones anteriores, se sugiere a los lectores la lectura completa.
En ese contexto, en México, a nivel nacional se crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual tiene como objetivo coordinar a actores sociales y a autoridades de diferentes órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, según se lee en su portal de internet.
Por primera vez se unen esfuerzos institucionales que apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y buenas prácticas.
La promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional de Corrupción, representa un avance histórico para México en la lucha contra la corrupción. Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia.
El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes secundarias aprobadas por el Congreso son: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; asimismo, se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal.
En cuanto a las anteriores leyes, sólo me permitiré hacer una referencia por su trascendencia, a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que dentro de sus objetivos más importantes señala: I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México; II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos; entre otros.
Y en base al anterior cuerpo jurídico nacional es que se deben armonizar las leyes de las entidades federativas de nuestro país. Como podemos observar, el marco legal en el combate a la corrupción en nuestro país es relativamente de reciente creación; lo mismo sucedió en el ámbito penal donde pasamos de un sistema inquisitivo o mixto a un sistema penal acusatorio; no obstante, era de suma importancia crear el corpus iuris anticorrupción para que se pudiera armonizar todas las legislaciones de los Estados con la Federal.
Pero el combate a la corrupción no sólo se debe centrar en la creación de leyes sino, además, en crear políticas públicas que garanticen los mecanismos adecuados para la prevención, investigación y en su defecto, la sanción correspondiente a todas aquellas personas, tanto físicas como morales, públicas como privadas que utilicen métodos al margen de la ley y que caigan en actos de corrupción, a efecto de poder erradicarla.
Debemos tener claro que el combate a la corrupción NO se trata de ideologías políticas, pues lastimosamente existen documentados actos de corrupción cometidos tanto por administraciones de un gobierno de “Derecha” como de un gobierno de “Izquierda”; tampoco es de instituciones religiosas y ni mucho menos de organismos empresariales; el combate a la corrupción compete a la sociedad en general, esto es, a los servidores públicos y a los derechohabientes, a los pobres y a los ricos, a los empleados y a los patrones; pues es necesario que todos los sectores de la sociedad se involucren en el combate a este flagelo criminal que acarrea consecuencias sumamente perniciosas para toda la población de una nación.
Para la erradicación, prevención, investigación y en su defecto, sanción de actos de corrupción es necesario contar con Instituciones Públicas sólidas, con funcionarios públicos comprometidos con la legalidad y con una sociedad que exija a sus autoridades el respeto irrestricto a las leyes vigentes a fin de fortalecer el Estado de Derecho.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.

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