El Congreso de Chihuahua ¿democrático?
Por CACHO
Los “acuerdos de caballeros” se perdieron en la historia, las reglas son pisoteadas y las leyes se interpretan a conveniencia, siempre acorde a los intereses de los grupos en el poder, y la situación anómala en el Congreso del Estado de Chihuahua es un ejemplo lo suficientemente claro.
Coloquialmente hablando, la diputación chihuahuense está de pachanga, olvidando su razón de ser, que es la representación de quienes votaron por cada uno de los legisladores y el obsequio hecho a otros, a través de la representación proporcional. Hay varios botones de muestra:
En primera instancia, el Partido Encuentro Social perdió su registro luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF que ordenaba su disolución como instituto político después de haber alcanzado solamente un 2.7 por ciento de la votación, cuando el mínimo requerido es de 3.0 por ciento.
Sin embargo, aún aparece como fracción parlamentaria en la página del Congreso estatal con cuatro diputados: Martha Josefina Lemus Gurrola por el Distrito III de Ciudad Juárez; Marisela Sáenz Moriel por el VIII, y Misael Máynez Cano del IX, ambos también fronterizos, y Obed Lara Chávez del XIV de ciudad Cuauhtémoc.
Y por cierto, tras la “manoseada” instalación de la nueva directiva de la Junta de Coordinación Política, se incluyó en actas la resolución de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que fue declarada sin fundamento la petición del PRI, para que la bancada del extinto Partido Encuentro Social desapareciera en la presente legislatura.
Bueno, se trata de un legislativo que, paradójicamente, no respeta la ley.
Otro “prietito en el arroz” se visibilizó recién el sábado anterior mediante un desaseado proceso de selección en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al concluir el periodo como presidente de este órgano, del diputado Miguel Ángel Colunga Martínez, el 31 de agosto.
Con el respaldo de las fracciones de Morena, PRI y PVEM, fue elegido Rubén Aguilar Jiménez como presidente de la Jucopo, sin embargo, en lo que algunos politólogos señalan que se trata de una clara intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, se publicó el sábado anterior en el Periódico Oficial del Estado, el decreto número LXVI/ITJCP/0384/2019 que anunciaba que el diputado panista Fernando Álvarez Monje tenía la titularidad al frente del disputado órgano del Legislativo.
Luego, en la instalación de la nueva Junta de Coordinación Parlamentaria, ya bajo la presidencia de Álvarez Monje, surgió la disputa con los coordinadores del PRI y Morena en el Congreso, Rosa Isela Gaytán y Miguel Ángel Colunga, respectivamente, pues sostenían que la presidencia recaía en el petista Aguilar, sin embargo, este último hizo mutis.
La actitud y el silencio del diputado Aguilar Jiménez se tornó “sospechosa” no sólo por permanecer callado, luego que días antes había tildado de mentiroso al panista Álvarez Monje y le recalcaba que él presidía la Jucopo, sino que el petista “se conformaba” con ocupar honrosamente la vicepresidencia del órgano, posición que por cierto, no aparece en el organigrama legislativo.
“Lo compraron” con ese nombramiento, dicen quienes se sintieron traicionados por Aguilar Jiménez.
Como colofón a una semana muy movida en el Legislativo estatal, el protagonista Rubén Aguilar se mostró pendenciero cual mozo de barriada pues llamó “cholo de Juárez” con un apelativo altisonante precediendo el mote, cuando Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado de Morena, lo acusó de recibir miles de pesos para pagar asesores, supuestamente sus familiares, a cambio de aceptar la presidencia de Fernando Álvarez Monje en la Junta de Coordinación Política.
Se cierra esta penosa etapa en el Poder Legislativo Estatal, con la probada educación que distingue al diputado Rubén Aguilar Jiménez, cuando fue cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre las acusaciones vertidas por De la Rosa y, olvidando que su puesto es de servicio público, respondió textualmente «córtense su borlote ustedes y déjense de decir otro cuento, háganme el favor de desalojar el salón y dejen de estar insultando».
Para concluir espetó a uno de los reporteros: «usted no tiene derecho de preguntarme ni madres».
Está para presumir el nivel de educación de este legislador.
Pues, se tenía que decir… y se dijo.