No es un secreto que los cárteles mexicanos de la droga han corrompido, durante décadas, a las autoridades con dinero sucio. Sin embargo, a pesar de lo grave de la corrupción, el juicio en Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como el Chapo, ha sugerido que el lodazal de sobornos es mucho más profundo de lo que se pensaba.
En dos meses de testimonios, se ha relatado que casi todos los niveles del gobierno mexicano están involucrados en el narcotráfico: custodios de las prisiones, funcionarios de aeropuertos, policías, fiscales, tasadores de impuestos y personal militar han estado involucrados, según testimonios.
Un general retirado del ejército, Gilberto Toledano, fue acusado hace poco de recibir pagos de 100.000 dólares para permitir el tráfico de drogas a través de su distrito.
Incluso se sospechó que el arquitecto de la guerra del gobierno contra Guzmán y sus aliados —Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública— recibió portafolios llenos de efectivo proveniente del cártel.
Los fiscales federales han acusado a Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, de ser parte de una empresa criminal de manera ininterrumpida al transportar más de 200 toneladas de heroína, cocaína y marihuana por toda la frontera de Estados Unidos desde la década de los ochenta hasta su arresto en México hace dos años.
Para demostrar su argumento, el gobierno planea llamar como testigos a por lo menos dieciséis de los subordinados y aliados del capo, algunos de los cuales fungieron como encargados de entregar el dinero de los sobornos.
Aunque los relatos de violencia han sido comunes en el juicio (que ha estado en pausa durante las fiestas decembrinas), los testimonios de sobornos han sido aún más extensos.
A los miembros del jurado les han dicho que Guzmán ha participado en el negocio de la corrupción desde los inicios de su carrera. A finales de la década de los ochenta, según han dicho los testigos, comenzó a enviar millones de dólares al primer funcionario en su nómina: Guillermo González Calderoni, exdirector de la Policía Judicial Federal de México.
González Calderoni, quien creció en parte en Texas, terminó por convertirse en un funcionario legendario en México, quizá mejor conocido por haber ayudado a las autoridades estadounidenses a resolver el caso de Enrique Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) que fue capturado, torturado y asesinado por traficantes en 1985. Sin embargo, en cuestión de dos años, de acuerdo con pruebas presentadas en el juicio de Guzmán, el funcionario de la policía ya aceptaba sobornos del cártel.
Miguel Ángel Martínez, uno de los testigos, les dijo a los miembros del jurado que González Calderoni le daba a Guzmán información secreta casi a diario, incluyendo una valiosa pista sobre el sistema de radares que el gobierno de Estados Unidos había construido en la península de Yucatán para rastrear vuelos con cargamentos de droga provenientes de Colombia a principios de la década de los noventa.
Martínez también testificó que González Calderoni alguna vez le informó a Guzmán que las autoridades mexicanas habían descubierto un túnel de contrabando que había cavado debajo de la frontera con Arizona. Antes de que la policía organizara una redada en el túnel, Guzmán pudo sacar un enorme cargamento de cocaína.
No obstante, a pesar de lo útil que fue para la operación del capo, la vida de González Calderoni terminó de manera violenta. En 2003, un sicario se acercó a su Mercedes plateado, estacionado en una calle de McAllen, Texas, y le disparó en la cabeza. Las autoridades nunca identificaron al asesino.
México no es el único país cuya reputación ha resultado mancillada en el juicio. El mes pasado, Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los proveedores colombianos de Guzmán, apareció en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn y admitió haberles pagado a muchas personas, desde periodistas hasta funcionarios fiscales en su país.
Ramírez, antiguo dirigente del Cartel del Norte del Valle, les dijo con calma a los miembros del jurado que toda un ala de su organización se dedicaba a repartir los pagos. “Es imposible ser el líder de un cartel de la droga en Colombia sin estar involucrado en la corrupción”, explicó. “Van de la mano”.
La lista de los que recibieron su dinero era impresionante: guardias de prisiones, agentes fronterizos, abogados y varios funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.
Ramírez fanfarroneó desde el banquillo de los testigos que en 1997 gastó más de 10 millones de dólares en sobornos para que todo el congreso colombiano cambiara las leyes de extradición del país a su favor. También afirmó haber pagado hasta 500.000 dólares a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, cuando fue candidato a la presidencia.
Incluso quienes trabajan en el sector privado, han dicho testigos, aceptaron efectivo de los carteles.
Hace unas semanas, los miembros del jurado se enteraron de que Guzmán había llegado a un acuerdo con una firma de banquetes colombiana para transportar a hurtadillas cocaína por el aeropuerto de Bogotá y burlar a los agentes de seguridad, para después subir los cargamentos a aviones de la aerolínea venezolana Aeropostal. Cuando los aviones llegaron a Ciudad de México, según se informó a los miembros del jurado, una tripulación de empleados corruptos trasladaba la droga a camiones del cártel.
Cifuentes también dijo que alguna vez le pagó a un gemólogo para certificar de manera fraudulenta que había esmeraldas en una mina en la que había invertido y que estaba usando como tapadera para la operación de narcotráfico.
El jurado no ha escuchado algunas de las pruebas más atroces de corrupción, y probablemente jamás lo hará.
En noviembre, por ejemplo, uno de los exjefes de operaciones de Guzmán, Jesús Zambada García, se preparó para revelar que dos presidentes mexicanos —que no fueron nombrados— habían aceptado sobornos enormes del cártel. Sin embargo, el testimonio fue suprimido antes de que pudiera escucharlo el juez Brian M. Cogan, quien determinó que avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”.
No obstante, quizá se mencionen más testimonios de sobornos.
En su declaración de apertura, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, les prometió a los miembros del jurado que un testigo que aún no se había presentado en el juicio, César Gastélum Serrano, podría hablar de sobornos —si así se lo pedían— que recibieron candidatos presidenciales en Guatemala y también de haber sobornado a un presidente de Honduras.
Después hubo otro posible testigo, Dámaso López Núñez, uno de los principales subordinados de Guzmán, quien al parecer tenía a miembros de la Marina mexicana, a funcionarios de inteligencia y a políticos locales en su nómina.
“No hay ninguna parte del gobierno mexicano ni del sistema judicial que Dámaso no haya controlado”, dijo Lichtman.
Fuente: The New York Times