Fiscalía a modo

*Las cifras sobre impunidad y justicia en México son contundentes.

*En un contexto de homicidios que no se esclarecen y de violencia que no se persigue

*Por otro lado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador

*En las próximas semanas vamos a conocer si este sexenio

Según información del Inegi y del Índice Global de Impunidad, más de 99% de los delitos no se castiga; esto es, 93.6% no se denuncia o no deriva en una averiguación previa, y, del resto, únicamente 3.6% recibe una sentencia. De acuerdo con el mismo Índice, México se coloca en el cuarto peor lugar de 69 países analizados, por debajo de Honduras y Guatemala, y a niveles de Camerún.

En un contexto de homicidios que no se esclarecen y de violencia que no se persigue, la persecución del delito toma una gran relevancia, principalmente por tres razones: primero, para castigar a quien delinque; segundo, para desincentivar hacerlo; y tercero, para resarcir el daño que se ha hecho a la sociedad. En el contexto actual de México, no existen incentivos para dejar de delinquir, sino lo contrario; cometer ilícitos se vuelve un riesgo medido con pocas probabilidades de repercusiones.

Para poder hacer un cambio importante no queda duda de que lo primero es tener, tanto a nivel federal como local, instituciones independientes y autónomas para la persecución de delitos, dirigidas por individuos ajenos a los vaivenes de la política. Hasta ahora, para los poderes ejecutivos federal y locales, ha tenido mayor peso el poder que deviene de tener control de la acción penal a la obtención de mejores resultados, siendo la independencia de las procuradurías un tema secundario.

Si bien es cierto que a iniciativa del presidente Peña Nieto, en febrero de 2014, se otorgó autonomía constitucional a la PGR convirtiéndola en Fiscalía General de la República, sus efectos están supeditados a que se expidan las normas secundarias y el Congreso haga la declaratoria expresa de dicha autonomía. Al día de hoy, la legislación reglamentaria no ha visto la luz.

Por otro lado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante su campaña sólo se pronunció vagamente sobre la independencia de la Fiscalía General. Incluso hizo pública una terna para la elección del fiscal, dentro de la que se encuentra el exprocurador del DF, Bernardo Bátiz, lo cual dista del procedimiento y propósitos establecidos ya en la Constitución, que establece que el Senado debe conformar una lista de cuando menos 10 candidatos al cargo, misma que, una vez aprobada por las dos terceras partes, es enviada al Ejecutivo para formular una terna sobre la que los senadores, por la misma mayoría, eligen al fiscal.

Por otro lado, esta semana, Morena anunció una iniciativa sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a ser presentada en el Senado, en la que están trabajando los diputados federales Tatiana Clouthier y Zoé Robledo.

Tomando en cuenta la conformación de las Cámaras del Congreso y del gran poder que el voto popular dio a Morena, sus legisladores no tendrán problema en que se apruebe el proyecto de ley de la Fiscalía. Incluso para la mayoría calificada en la elección del fiscal, pueden prescindir de los votos del PAN y del PRI en el Senado.

La responsabilidad de Morena y de AMLO es enorme. Si bien tienen la facultad de hacer una Fiscalía a modo y prácticamente elegir a su titular de la misma manera, las consecuencias de ello serían desastrosas, tanto para México como para el gobierno entrante. El tema es que la impunidad no se trata ni de fuerzas de poder ni de mayorías legislativas; se trata de la vida de las personas que día a día tienen que vivir en contextos de violencia, donde los delitos son cada vez más comunes y los castigos más escasos.

Tanto para la ley como en la elección del fiscal general, se debe buscar una autonomía real, y para ello deben ser escuchadas y consideradas no sólo las fuerzas políticas, sino la sociedad civil que ha sido muy activa en el tema.

En las próximas semanas vamos a conocer si este sexenio, por primera vez, transitaremos a una persecución del delito sin tintes políticos o, en su lugar, tendremos una presidencia donde el líder perdona o castiga según convenga o no a la “Cuarta Transformación”.

 

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Panamericana.

Twitter: @ralexandermp

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